CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una migrante indígena guatemalteca encarcelada en el noreste de México desde hace siete años, cuando intentaba migrar a Estados Unidos y fue detenida, torturada por la policía y acusada de secuestro, podría salir de prisión de inmediato luego que el fiscal pidió su liberación el sábado y numerosas organizaciones e incluso el presidente mexicano intercedieran en el mismo sentido.
Irvin Barrios, fiscal de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas y el de mayor tráfico de migrantes hacia el norte, firmó la petición el sábado por la tarde para solicitar al juez la liberación de Juana Alonso Santizo “y que pueda retornar a su país de origen en las próximas horas”, indicó la fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.
Alonso, conocida por todos como Juanita, es una indígena chuj de 35 años originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala.
“Solo es una migrante que quiso cruzar México para llegar a Estados Unidos” , dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación.
Según explicó su tío en un vídeo, “no pudo cruzar la frontera porque estaba enferma, la policía estatal de Reynosa, México, la detuvo y la torturaron, la obligaron a firmar una confesión falsa a punta de armas en un idioma que no entendía" puesto que solo hablaba chuj.
Era 2014. La acusaron de secuestro y hasta el sábado permanecía presa en Reynosa sin sentencia. Su liberación se preveía inmediata.
Diversas organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, pidieron su excarcelación, un llamamiento al que recientemente se sumó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Hay todas las pruebas de que fue torturada y las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla”, adelantó el mandatario hace unos días.
“Queda pendiente la sanción de los responsables y la reparación del daño”, indicó por su parte el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, también involucrado en su defensa. “El caso de Juanita no es aislado”.
Según su familia, Alonso fue criminalizada solo por ser una mujer migrante e indígena que ni siquiera pudo defenderse por no hablar español.
Esta semana, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de México evidenció otros abusos vinculados a los flujos migratorios al amparar a tres personas indígenas del sur del país que fueron detenidas en 2015 por agentes migratorios por no parecer mexicanas.
Según explicó el jueves la ONG Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), cuyos abogados litigaron el caso, esas personas fueron privadas de la libertad durante una semana y hostigadas para que firmaran documentos donde aceptaban ser de Guatemala y ser deportadas a ese país.
Al ampararles, la Corte declaró inconstitucional realizar revisiones aleatorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas porque tales prácticas pueden ser discriminatorias contra personas indígenas o afrodescendientes.
