CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Puede que el enorme juicio financiero del Vaticano no haya producido ninguna condena hasta ahora, ni nuevas pistas conforme los fiscales completan una primera ronda de interrogatorios a los 10 sospechosos acusados de malversar decenas de millones de euros de la Santa Sede.
Pero las declaraciones han ofrecido mucha información sobre cómo opera el Vaticano, con un reparto de personajes digno de un libro de suspenso de Dan Brown o una tragicomedia de Shakespeare. Las vistas recientes mostraron una burocracia eclesiástica que recurrió al espionaje, dio acceso al Palacio Apostólico a personas ajenas a la Iglesia con cualificaciones sin verificar y apelaba al repetido lema de evitar responsabilidades al papa... hasta que alguien se veía en peligro.
A continuación, algunas revelaciones ofrecidas hasta ahora en este inusual vistazo a los trapos sucios del Vaticano.
¿DE QUÉ TRATA EL JUICIO?
La investigación deriva de una inversión de 350 millones de euros (370 millones de dólares) del secretariado de Estado en una propiedad en Londres, una debacle de tal calibre que el Vaticano vendió el edificio este año con unas pérdidas acumuladas de más de 200 millones de euros.
La fiscalía ha acusado a intermediarios italianos, al veterano gestor económico del Vaticano y a funcionarios vaticanos de malversar decenas de millones de dólares en comisiones y tarifas y extorsionar 15 millones de euros (16 millones de dólares) para entregar por fin el control del edificio en Londres.
El papa Francisco quería un juicio que mostrara su determinación de perseguir las supuestas infracciones financieras. Pero tres años más tarde, la investigación ha arrojado una inoportuna atención sobre algunas de las decisiones de Francisco y cómo monseñores del Vaticano gestionaban una cartera de activos de 600 millones de euros (630 millones de dólares) con escasos conocimientos o supervisión externa.
¿QUÉ HAY DE LAS RAMIFICACIONES?
La investigación original ha dado pie a nuevas pesquisas. En una de ellas, el otrora poderoso cardenal Angelo Becciu está acusado de malversación por donar 125.000 euros (130.000 dólares) del Vaticano a una organización benéfica en Cerdeña que gestionaba su hermano.
Con él está acusada Cecilia Marogna, una analista de seguridad acusada de malversar 575.000 euros (600.000 dólares) que Becciu había destinado como pago para liberar a una monja colombiana que milicianos de Al Qaeda retenían como rehén. Ambos niegan cualquier infracción, al igual que los demás acusados.
ESPÍAS, ESPÍAS POR TODAS PARTES
La historia de Marogna, de la que se conocieron por primera vez los detalles la semana pasada, es un llamativo episodio que, si se confirma, sería un capítulo en sí mismo en la colorida historia diplomática vaticana.
Ella y Becciu dicen que ella obtuvo acceso al Palacio Apostólico debido a un email que escribió a Becciu en 2015 sobre preocupaciones de seguridad. Debido a sus conocimientos de geopolítica y a sus aparentes conexiones con la inteligencia italiana, se convirtió en asesora de Bacciu, que entonces era el número dos de la secretaría de Estado.
Según su propia declaración, Marogna se convirtió en la intermediaria de Becciu para cualquier cosa, desde emisarios rusos que pedían la devolución de reliquias sagradas a esfuerzos del líder separatista catalán de establecer un canal de comunicación con el Vaticano.
Becciu declaró que había acudido a Marogna en 2017 tras el secuestro de una monja colombiana en Mali, y Marogna sugirió que una firma británica de inteligencia podría ayudar a liberarla. Becciu testificó que Francisco había aceptado dedicar hasta un millón de euros a la operación e insistió en que se mantuviera oculta incluso al jefe de inteligencia del Vaticano.
El relato sugiere que Becciu, con autorización del papa, creó una agencia de inteligencia vaticana paralela utilizando a una trabajadora independiente italiana.
No es el único caso de espionaje que plantea dudas sobre la situación del Vaticano como estado soberano: Becciu declaró la semana pasada que el propio Francisco ordenó destituir al primer auditor general vaticano porque había contratado a una firma externa para espiar supuestas infracciones de la jerarquía eclesiástica.
En una declaración anterior, un funcionario vaticano dijo a la fiscalía que el sucesor de Becciu, el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, había llevado miembros del servicio secreto italiano a la Santa Sede para comprobar si había micrófonos en su oficina, eludiendo una vez más a los propios gendarmes del Vaticano.
UN CAMEO DEL MONSEÑOR PERLASCA
Ningún personaje del juicio despierta tanta intriga como el monseñor Alberto Perlasca, que era el gerente económico interno de la Secretaría de Estado, responsable del equivalente Vaticano a un fondo soberano con unos activos estimados en unos 600 millones de euros (unos 630 millones de dólares).
Fue Perlasca quien recomendó algunas inversiones o desaconsejó otras, y fue él quien firmó a finales de 2018 los contratos para dar control operativo al intermediario italiano Gianluigi Torzi sobre la propiedad de Londres. La acusación de extorsión contra Torzi se basa en las alegaciones de la fiscalía de que engañó al Vaticano para obtener ese control y no renunció a él hasta haber recibido 15 millones de euros (casi 16 millones de dólares).
Perlasca era en un principio uno de los sospechosos principales del caso. Pero tras su primera ronda de interrogatorios en abril de 2020, Perlasca despidió a su abogado, cambió su versión y empezó a cooperar con los fiscales.
Pese a su implicación en todas las operaciones investigadas, no se han presentado cargos contra Perlasca. La semana pasada, la corte le dejó sumarse al juicio como parte agraviada, lo que podría permitirle recibir una indemnización.
Horas después de que el presidente del tribunal, Giupseppe Pignatone, le admitiera como parte civil, Perlasca se presentó en la corte sin ser anunciado, se sentó en primera fila de la zona de público y afirmó que “no voy a moverme”.
El fiscal Alessandro Diddi se opuso de inmediato y Pignatone le ordenó que se marchara, cosa que hizo.
PROTEGER AL PAPA A TODA COSTA
Muchos de los acusados han declarado que, en momentos clave, Francisco no sólo estaba informado de los asuntos sino que los autorizó, incluido el momento crucial en el que el Vaticano tuvo que decidir si pagaba a Torzi o intentaba demandarle para conseguir la propiedad de Londres.
Varios testigos y acusados han dicho que el papa quería “pasar página” y negociar un acuerdo. La fiscalía dijo que básicamente, Francisco había sido embaucado por sus subalternos.
Pero culpar al papa es una novedad inusual, dado que en general, la cultura del Vaticano gira en torno a eximir al papa de toda responsabilidad sobre cualquier cosa que salga mal.
Becciu explicó esa tradición durante su declaración con la frase en latín “In odiosis non faceat nomen pontificis”, que significa aproximadamente que el papa no debería verse arrastrado a asuntos desagradables.
Becciu respondió a una pregunta sobre por qué el papa sólo había autorizado decisiones financieras de palabra, y no por escrito.
“Soy de la vieja escuela (...) en la que uno intenta proteger al papa, proteger su autoridad moral sin implicarle mucho en asuntos mundanos. Esto no significa no informarle, sino no darle la responsabilidad de algunas decisiones”, dijo.
Becciu se atuvo a ese argumento hasta que Francisco le liberó del secreto pontificio para que pudiera declarar y defenderse a sí mismo. Después, Becciu reveló que Francisco había autorizado la operación para liberar a la monja colombiana y ordenado la renuncia del auditor general.
La semana terminó con el testimonio de uno de los subalternos de Perlasca, Fabrizio Tirabassi, que explicó cómo se tomaban las decisiones de inversión y el origen del contrato por la propiedad de Londres. Sus abogados dijeron que la declaración de Tirabassi demostraba que no había delito en esa operación.
“El único misterio en esta historia es por qué querría alguien celebrar un juicio en torno a un tema que los jerarcas de la Santa Sede querían cerrar con un acuerdo”, dijeron los abogados.
