BUENOS AIRES (AP) — Un juez argentino cerró el lunes una causa penal iniciada contra el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez por violación de la estricta cuarentena que él mismo había ordenado en 2020 para evitar la propagación del COVID tras convalidar un acuerdo económico como reparación.
El juez federal Lino Mirabelli aceptó la donación de tres millones de pesos (equivalentes a unos 24.000 dólares) de la pareja para ser destinados al sistema de salud público en el marco de los mecanismos de reparación contemplados para la resolución de conflictos judiciales. Esta propuesta ya contaba con el aval previo del fiscal de caso, Fernando Domínguez.
El magistrado dispuso un plazo de diez días para efectuar el pago.
Fernández y Yáñez enfrentaban una causa penal por el festejo en julio de 2020 del cumpleaños de ella en la residencia presidencial de Olivos, situada las afueras de Buenos Aires, mientras regía el aislamiento obligatorio que el propio dirigente peronista había ordenado por decreto. Junto a ellos se encontraban otras personas también imputadas y que tratan de llegar a acuerdos similares con la justicia.
En las imágenes del festejo que se filtraron en 2021 y dispararon las críticas a Fernández, la primera dama aparece junto a su esposo y nueve asesores y allegados en torno a una mesa. Ninguno llevaba tapabocas y tampoco guardaba la distancia recomendada en momentos en que regían restricciones sanitarias muy severas. El presidente y su pareja admitieron el hecho y pidieron disculpas.
Fernández ofreció 1,6 millones de pesos (unos 12.900 dólares) y Yáñez 1,4 millones de pesos (11.300 dólares) para ser destinados al Instituto Malbrán, un centro público de investigación científica de enfermedades infecciosas que ha cumplido un rol clave durante la pandemia.
“La salida alternativa al proceso penal no importa una menor desvalorización de la conducta típica y antijurídica: aunque impida que el proceso continúe hasta el dictado de una sentencia definitiva, de alguna forma, importa un contenido penoso –de orden patrimonial–”, dictaminó el juez Mirabelli.
La fiesta en la residencia presidencial junto a las vacunas que recibieron allegados al presidente cuando todavía no era su turno en medio de la falta de inoculantes afectaron los niveles de aprobación del mandatario, quien nunca logró recuperar la popularidad que tenía antes del escándalo.
