El lanzamiento de esta nueva etapa gubernamental se topó este fin de semana con una información de Médiapart que se hacía eco de las quejas de dos mujeres, una de ellas por la vía judicial, sobre presuntos abusos sexuales cometidos por el ministro Damien Abad, hace más de una década.
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La nueva portavoz del Ejecutivo, Olivia Grégoire, subrayó que habrá “tolerancia cero para los delincuentes sexuales” y una “escucha total de las presuntas víctimas”, en línea con lo que ya manifestó el domingo la primera ministra, Elisabeth Borne, pero por ahora el Gobierno evitó dar por confirmadas las sospechas.
“El objetivo es determinar la verdad” y “es la Justicia la que tiene que hacerlo”, añadió Grégoire en su comparecencia ante los medios de comunicación.
La portavoz señaló, no obstante, que el único caso que terminó en manos de la Justicia, “presentado en dos ocasiones por la misma persona y por los mismos hechos”, fue archivado en 2012 y 2017. “Si hubiese otras víctimas, deberían acudir sin reservas ante la Justicia”, agregó.
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Esta denunciante había trasladado ante las autoridades un relato sobre presuntas situaciones de acoso y prácticas sexuales no consentidas, mientras que una segunda mujer informó el 13 de mayo al Observatorio de Violencia Machista y Sexual en la Política de que, tras encontrarse con Abad, se despertó en una habitación de hotel con sensación de haber sido “drogada”.
El ministro negó todas estas acusaciones, señalando que siempre ha mantenido relaciones sexuales “de mutuo acuerdo”, e incluso mencionó su discapacidad física como argumento para tratar de demostrar que no pudo perpetrar alguno de los actos que se le atribuyen.
