MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
En concreto, de los datos se desprende que las comunidades que han recortado este gasto son: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.
"Once gobiernos autonómicos hicieron caja en 2021 con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes", denuncia la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.
Los mayores recortes se produjeron en Cataluña (-55,1 millones) y Canarias (-43,6 millones), comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas, respectivamente.
Según recuerda la asociación, la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2021 fue de 9.559 millones de euros. De ellos, las comunidades autónomas financiaron el 79,2%, con 7.566 millones de euros (un 0,57% más de gasto que en 2020), mientras que la aportación estatal se situó en el 20,8%, con 1.992 millones de euros, habiendo incrementado un 44% respecto al año anterior, que fue de 1.384 millones.
Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.310 euros), Extremadura (1.774 euros) y Navarra (1.500 euros), mientras a la cola se encuentran Canarias (543 euros) y Galicia (596 euros).
El informe también señala que el Ministerio de Derechos Sociales dejó sin ejecutar 76 millones de euros del presupuesto aprobado en los PGE para atención a la dependencia, una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas, según los directores de Servicios Sociales.
46.300 PERSONAS FALLECIERON EN LAS LISTAS DE ESPERA
Además, de los datos se desprende que, durante 2021, fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación.
Así, los gerentes de Servicios Sociales advierten de que el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, "no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el 'limbo de la dependencia', solo se redujo en 38.807 personas". Incluso, añade, siete comunidades incrementaron esa lista de espera.
En este contexto, denuncian que "se está abandonando sin atenciones" a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días.
Respecto al gasto anual medio por persona beneficiaria, los datos revelan que fue de 8.196 euros, de los cuales la Administración General del Estado aportó 1.708 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las CCAA, 6.488 euros.
La comunidad que mayor cantidad aportó por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.932 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Castilla y León con 6.599 euros anuales.
INYECCIÓN DE 600 MILLONES DE EUROS
Atendiendo al año 2022, los directores y gerentes de Servicios Sociales señalan que el nuevo incremento de 600 millones de euros en los PGE en 2022 (400 millones al nivel mínimo y 200 millones al nivel acordado) plantea en el mínimo unas cuantías de 250 euros para el grado III (+6,4%), 125 euros para el grado II (+33%) y 67 euros para el grado I (+9%), así como unos nuevos criterios para el nivel acordado.
En cuanto al nivel acordado, el proyecto de Acuerdo Marco prevé incluir nuevos criterios (personas atendidas, agilidad administrativa, inversión autonómica, empleo, reducción lista de espera y calidad) que benefician a algunas comunidades que incrementan considerablemente sus cuantías, como Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid y perjudica a aquellas comunidades que peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña o La Rioja.
Con respecto al nivel mínimo, los directores de Servicios Sociales avisan de que es posible que el incremento de las cuantías no sea suficiente para ejecutar el presupuesto del 2022 y el Ministerio vuelva a tener que devolver cuantías superiores a las de este año.
Para que esto no ocurra, proponen incrementar la cuantía del Grado III, al menos a 260 euros, y priorizar, de esta manera, a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste.
