MADRID (AP) — El gobierno español anunció el jueves que aumentará el control judicial sobre la agencia de inteligencia del país, semanas después de que la agencia admitió que había espiado a varios partidarios de la independencia de Cataluña con autorización judicial.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido blanco de críticas desde abril luego que el grupo de derechos digitales Citizen Lab, basado en Canadá, reportó que los teléfonos celulares de más de 60 políticos, abogados y activistas catalanes habían sido hackeados con un spyware. El CNI reconoció más tarde en una reunión a puerta cerrada con legisladores que había hackeado los celulares de “algunos” de esos políticos.
El jueves, el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció planes para reformar la ley del 2002 que establece el control judicial de la agencia de espionaje.
“Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”, manifestío Sánchez.
Su gobierno además buscará remplazar la ley actual de secretos oficiales, que data de 1968 cuando el país estaba bajo la dictadura de Francisco Franco.
“Es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos y constitucionales”, dijo.
El escándalo de espionaje creció este mes luego que el gobierno reveló que una potencia “extranjera” infectó con el spyware Pegasus los celulares de Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles el año pasado. Más tarde se conoció que el celular del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, jefe de la policía y las agencias de control fronterizo de España, también fue infectado.
El anuncio de la reforma legislativa se produce semanas después que el gobierno despidió a la directora del CNI, Paz Esteban, en lo que la oposición dijo fue un intento para calmar la furia entre los partidos independentistas catalanes con los que el gobierno de minoría encabezado por los socialistas cuenta a menudo para respaldo parlamentario.
