MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Se trata de la tercera fiscalización sobre contratos de emergencia por el Covid 19 que ha llevado a cabo la institución que preside Enriqueta Chicano y que, en esta ocasión, se ha centrado en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. La previsión es aprobar hasta ocho informes y el último ya aportará una visión global y comparativa.
En este informe, el 97,68% de los expedientes analizados corresponden a contratos del INGESA, por una cuantía de 538 millones. Según el tribunal, todos los contratos estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad y la aplicación de la tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho. En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia y con salvador illa al frente del departamento.
En todos los contratos existía crédito suficiente, se realizó la comunicación del inicio de actuaciones (salvo en seis de 49), la publicidad obligatoria y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia.
NO SE REGISTRARON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Eso sí, los expedientes examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación aplicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, pero eso no es una circunstancia irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia.
No obstante, el INGESA remitió información sobre dichos criterios en el curso de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, señalando que la selección de las empresas adjudicatarias se realizó previas consultas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, al ICEX, al Instituto de Salud Carlos III y a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Y subrayó además que, sólo cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser satisfechas por esta vía, se acudió al mercado asiático siguiendo las directrices formuladas por el Ministerio de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín.
El resumen del tribunal es que en un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 se produjeron distintas incidencias en la ejecución.
En cuatro de los expedientes fiscalizados (un 8,16 %) se decidió la resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista, dando lugar a las correspondientes reclamaciones, que se encuentran en curso a la fecha de aprobación del presente Informe, para la recuperación de los fondos anticipados, intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos.
En otros dos expedientes (un 4,08 %) se produjeron modificaciones no previstas en los contratos (suministro de otro modelo de mascarillas pero con el mismo precio y características en un caso y suministro de otro tipo de test-Covid igualmente efectivos, pero más caros); y en cinco contratos (un 10,20 %) se produjeron retrasos en los plazos de entrega de los suministros.
Según la institución fiscalizadora, las incidencias en la ejecución producidas en estos 11 contratos podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia. No obstante, las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global.
