Las acciones —o más notablemente, las omisiones— de un jefe de policía y otros agentes del orden pasaron rápidamente el centro de la investigación de la masacre escolar ocurrida esta semana en Uvalde, Texas.
La demora para confrontar al pistolero —que estuvo dentro de la escuela por más de una hora— pudiera llevar a penalizaciones, demandas e incluso cargos penales contra la policía.
El ataque que dejó 19 niños y dos maestros en un aula de cuarto grado fue el tiroteo escolar más mortífero en el país en casi una década y durante tres días la policía ofreció un cronograma confuso y ocasionalmente contradictorio, que causó furia y exasperación en la ciudadanía.
Para el viernes, las autoridades habían reconocido que estudiantes y maestros rogaron reiteradamente a los operadores del servicio de emergencias que enviaran ayuda, mientras el jefe de policía Pete Arredondo le pedía a más de una decena de agentes que esperaran en un pasillo en la escuela primaria Robb. Las autoridades insisten en que él creía que el atacante estaba parapetado dentro de aulas adyacentes y que no era más una amenaza potencial que pudiera seguir disparando.
La decisión del jefe Arredondo —y la aparente disposición de los agentes a seguir sus directrices contra los protocolos establecidos para situaciones similares— generaron interrogantes sobre si se perdieron más vidas porque los policías no intervinieron con más presteza para frenar al pistolero y sobre quién debe responder por ello.
“En estos casos, opino que la corte de la opinión pública es mucho peor que cualquier tribunal de la ley o juicio administrativo de un departamento policial”, expresó Joe Giacalone, un sargento policial retirado de la ciudad de Nueva York. “Esto ha sido manejado tan terriblemente a tantos niveles que va a haber un chivo expiatorio en alguna parte”.
Mientras el atacante disparaba contra los niños, los miembros de otras agencias del orden le pidieron al jefe de policía escolar que les permitiera entrar porque los niños estaban en peligro, dijeron dos funcionarios del orden. Ambos oficiales hablaron a condición de preservar el anonimato por no estar autorizados a discutir públicamente la investigación.
Uno de los funcionarios dijo que las grabaciones de audio en el lugar registraron cómo los agentes de otras agencias le decían al jefe policial de la escuela que el pistolero seguía activo y que la prioridad era frenarlo, pero no está claro por qué el jefe ignoró las advertencias.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, que días atrás elogió a la policía en una conferencia de prensa por salvar vidas, dijo luego que había sido engañado sobre la respuesta inicial y prometió que se investigaría “exactamente quién sabía qué, cuándo, quién estaba a cargo” y lo que hicieron.
“En conclusión: ¿Por qué no escogieron la estrategia que habría sido la mejor para entrar, neutralizar al asesino y rescatar a los niños?”, se preguntó Abbott.
Es raro que se presenten cargos penales contra agentes del orden en tiroteos escolares. Una excepción fue el caso de un expolicía escolar acusado de esconderse durante la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en 2018, que dejó 17 muertos.
Los posibles castigos administrativos —impuestos por el departamento de policía—pudieran ir desde una suspensión y retención de paga a renuncia o retiro forzados o despido.
