BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)
La investigación se inició cuando una de las víctimas se personó en la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en la calle Gordóniz, y denunció ante los especialistas en extranjería de la Unidad de Crimen Organizado y Falsedad Documental (UCRIF) que estaba siendo amenazada por una compatriota suya con denunciarla para ser "deportada" por encontrarse en situación irregular.
Esta mujer, a la que los investigadores concedieron el estatus de testigo protegido "por la vulnerabilidad que presentaba y la verosimilitud de su relato", explicó que la mujer que la extorsionaba le estaba exigiendo un pago de 3.600 euros, más un interés del 10% durante dos años, por ayudarla a entrar a España ilegalmente.
Según relató, pasado el tiempo y cuando la víctima entregó a la detenida 4.800 euros para saldar definitivamente la deuda contraída, le amenazó para que siguiera abonando más intereses, lo que la llevó a denunciar los hechos.
Tras las pesquisas oportunas, los agentes confirmaron que la autora de los hechos era una mujer nicaragüense que ofrecía ayuda a compatriotas suyos para venir a España a trabajar en situación irregular facilitándoles un billete de avión, dinero en metálico suficiente para cumplir los requisitos exigidos para entrar en España, y asesoramiento para responder satisfactoriamente a las preguntas que los agentes de la Policía Nacional que se encuentran en las fronteras exteriores hacen a los viajeros que no forman parte del espacio Schengen.
A cambio de esta ayuda, las víctimas tenían que entregar en Nicaragua a allegados de la investigada escrituras de propiedad de terrenos e inmuebles, además del pago durante dos años de entre 600 y 750 euros mensuales.
ENTRE 4.800 Y 26.000 EUROS
Los investigadores descubrieron que había ayudado a entrar ilegalmente en Euskadi a cuatro compatriotas más, a las que, después de pagar la deuda, amenazaba con causar daños a sus hijos o quemar las casas de sus padres en el país centroamericano si no continuaban pagándola. Los agentes pudieron probar que las víctimas la pagaron entre 4.800 y 26.000 euros.
Por todo ello, se procedió a la detención de la investigada, condenada en fechas recientes por el Juzgado de lo Penal nº 7, de Bilbao, por los hechos que se le imputaban, ha informado la Policía Nacional.