MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El organismo ha denunciado que más de 9.000 estudiantes, profesores y académicos han sufrido daños, han resultado heridos o han muerto en ataques contra la educación durante los conflictos armados en los últimos dos años.
La GCPEA ha remachado que ha habido ataques en aumento en países como Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Birmania y Nigeria, y emergentes en otros como Mozambique y Azerbaiyán, mientras que se identificaron tendencias a la baja en Sudán del Sur, Siria y Yemen.
"Es crucial que los gobiernos y los grupos armados pongan fin a los ataques contra la educación, y dejen de utilizar las escuelas y universidades con fines militares", ha asegurado la directora ejecutiva de GCPEA, Diya Nijhowne.
Así, ha hecho hincapié en que "los gobiernos deben investigar los ataques y perseguir a los responsables de los abusos. En las campañas de 'vuelta a la escuela' posteriores a la COVID-19, deben integrar plenamente a los estudiantes afectados por los ataques, ampliando los programas de educación alternativa desarrollados durante la pandemia, según sea necesario".
El organismo afirma que en los últimos dos años, las fuerzas armadas del Estado o los grupos armados habrían reclutado a estudiantes en las escuelas de Colombia, Malí, la República Democrática del Congo y Yemen, mientras que las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad o los grupos armados habrían sido responsables de actos de violencia sexual en las escuelas y universidades, o en el camino hacia ellas, en al menos siete países.
Así, han advertido que la pandemia de la COVID-19 no ha frenado los ataques a la educación. De hecho, algunas violaciones se hicieron más prominentes en 2020 y 2021. Las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales aprovecharon las escuelas vacías para utilizarlas con fines militares, incluso en Afganistán, Birmania, Sudán y Siria.
"Como los ataques a las escuelas y universidades, a sus estudiantes y educadores siguen ocurriendo tanto en los conflictos nuevos como en los prolongados, la Declaración sobre Escuelas Seguras, en su séptimo aniversario, sigue siendo una herramienta fundamental", ha recalcado Nijhowne.
En este sentido, ha sentenciado: "todos los Gobiernos deberían respaldar y aplicar la declaración para salvar vidas y salvaguardar el derecho a la educación para todos, incluidos los que se encuentran en las situaciones de guerra más graves".
