MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Tras superar su votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proyecto pasa ahora al Pleno del Congreso, que tiene la última palabra sobre esta iniciativa.
ACUERDO CON BILDU PARA SUBIR PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Tras acordar algunos cambios con Ciudadanos y PDeCAT para ampliar las ventajas fiscales de esta regulación, el Gobierno ha cuadrado sus cuentas acordando con EH-Bildu la subida un 15% de las pensiones más bajas. Así, a cambio de su abstención, el futuro decreto ley para prorrogar las medidas contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania incluirá la subida del 15% de las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandaz o invalidez.
Asimismo, el acuerdo alcanzado con esta formación contempla que estos planes no mermarán los ingresos de la Seguridad Social, por lo que no irán a costa del sistema público de pensiones, uno de los principales temores de los movimientos de pensionistas, e incluso de Unidas Podemos, socio del Gobierno, que ha celebrado esta medida.
LAS EMPRESAS PODRÁN DESGRAVARSE EL 10% DE APORTACIONES
Asimismo, a propuesta de Cs y el PDeCAT, el proyecto incluirá una desgravación para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades, que podrán deducirse de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.
Pese a que inicialmente la propuesta de Cs para esa deducción era de un 15% de las aportaciones, el acuerdo deja la deducción en el 10% de las aportaciones, tal y como planteaban también en sus enmiendas el PP, Vox y el PDeCAT.
CAMBIOS EN LA COMISIÓN DE CONTROL
Por otro lado, también a propuesta de Ciudadanos, se modifica la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones para exigir a sus integrantes al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones, y se evita que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto para determinadas decisiones.
Hasta ahora, el proyecto establecía que cualquier cambio en la política inversiones sobre el ejercicio del derecho de impugnación de acuerdos sociales necesitaba la aprobación de los miembros designados por el Ministerio de Seguridad Social, cláusula que se modifica para que sea suficiente con la mayoría de los mismos.
