MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha reclamado este viernes "avances" en la aplicación del acuerdo de paz alcanzado en 2018 en Sudán del Sur, tras los obstáculos y aplazamientos de los últimos meses sobre diversas cláusulas clave, y ha alertado de que más de dos tercios de la población necesitan ayuda humanitaria a causa del ahondamiento de la crisis.
El enviado especial de la ONU para Sudán del Sur, Nicholas Haysom, ha subrayado la importancia de "aprobar el proceso de redacción de la Constitución", "graduar al primer grupo de miembros de las fuerzas de seguridad unificadas", acelerar el proceso de redacción de la ley electoral y "acordar una 'hoja de ruta' para salir del periodo de transición a través de elecciones, libres, justas y pacíficas".
"Lo imperativo de lograr progresos en la aplicación de la paz está impulsado por la dura situación humanitaria", ha manifestado, antes de detallar que cerca de 8,9 millones de personas, entre ellas 4,6 millones de niños, hacen frente a necesidades "significativas" de ayuda humanitaria.
Así, ha apuntado que durante el mes de marzo otras 61.010 personas, un 54 por ciento de ellas, niños, su sumaron a los dos millones de desplazados, "principalmente a causa de la violencia intercomunitaria", que se suma al impacto del cambio climático, que ha provocado una serie de inundaciones que "amenazan el sustento de una vasta mayoría de personas ya vulnerables".
"Mientras crecen las necesidades, nuestros recursos están disminuyendo. En estos momentos hacemos frente a dificultades de financiación, haciendo recibido únicamente el 25,2 por ciento de los 1.700 millones de dólares (alrededor de 1.585 millones de euros) comprometidos para entregar ayuda y protección vital", ha subrayado Haysom.
Sin embargo, ha reconocido algunos "acontecimientos positivos" en la aplicación del acuerdo de paz, incluida la toma de posesión de los miembros del Parlamento y otras asambleas, que ha descrito como "un paso importante a la hora de completar las estructuras de gobierno" en el país africano.
Haysom ha aplaudido igualmente los nombramientos en la cadena de mando de las fuerzas unificadas, si bien ha reiterado que "las partes deben ahora continuar con un espíritu de compromiso y acelerar sus esfuerzos a través de la graduación del primer grupo de reclutas, prometido para este 3 de junio".
Esta fecha límite ha pasado sin que las autoridades hayan procedido a estos actos de graduación, que debían ser llevados a cabo después de que los reclutas contemplaran un periodo de dos meses de entrenamiento, tras años de retrasos en los acantonamientos, según ha recogido la emisora Radio Tamazuj.
Por otra parte, Haysom ha destacado los progresos "notables" en torno a la Comisión de Verdad, Reconciliación y Sanación (CTRH) tras el inicio de un proceso de consultas que "genera una plataforma para hacer realidad los derechos a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición abordando las causas subyacentes del trauma anterior".
El enviado especial de la ONU ha lamentado además la "alarmante escala" de la violencia intercomunitaria, especialmente en los estados de Ecuatoria Oriental, Unidad, Warrap y Jonglei, al tiempo que ha advertido de que "sigue azuzando las divisiones entre comunidades y causando sufrimiento a mujeres, niños y hombres inocentes". "En este sentido, aplaudo la creación de comités de investigación de alto nivel para investigar estos incidentes de violencia", ha remachado.
Los enfrentamientos intercomunitarios en Jonglei y otras zonas de Sudán del Sur, al alza durante los últimos meses, suelen estar motivados por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.
Sudán del Sur cuenta con un Gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz firmado por el presidente, Salva Kiir, y el principal líder rebelde y actual vicepresidente primero del país, Riek Machar. Entre los principales puntos pendientes figura la unificación de las fuerzas de seguridad, que ha sufrido numerosos aplazamientos desde la firma del acuerdo en 2018.
