CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscal guatemalteca Virginia Laparra lleva más de 100 días en prisión por haber denunciado a un juez que filtró información sobre un caso de corrupción que estaba bajo reserva. Tras la decisión de una Corte que revocó una sanción administrativa al juez, ahora es Laparra la acusada de no tener autoridad para hacer una denuncia.
“¿Se imagina? Me acusan de hacer una denuncia, algo que como fiscal no es que tenga derecho sino que tengo obligación de hacer”, dijo Laparra.
Laparra es la única fiscal detenida de más de 20 procuradores y jueces acusados que huyeron de Guatemala y denunciaron una persecución por su trabajo contra la corrupción dirigida desde la oficina de la Fiscal General, Consuelo Porras.
La criminalización de los investigadores y magistrados le valió a Porras el retiro de la visa y sanciones por parte del gobierno estadounidense y ha afectado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, cuestionado por Estados Unidos y la Unión Europea por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.
El martes Laparra cumple 105 días en una celda de unos cuatro metros por cinco, con techo de lámina y un baño, donde come, duerme y pasa 23 horas al día. El lugar tiene una puerta de metal con una pequeña ventana que se abre y cierra desde afuera.
Laparra dice que aunque las condiciones de su detención son precarias tiene temor de que la envíen a otra prisión donde están recluidas personas que ella misma investigó, desde donde incluso ha recibido amenazas.
El martes el juez Sergio Mena -que le dictó la prisión preventiva- debe determinar en una audiencia si Laparra va o no a juicio y si permanece en prisión.
La fiscal fue detenida el 23 de febrero por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones tras una denuncia del juez Lesther Castellanos Rodas, actual Relator contra la Tortura de personas detenidas en prisión.
Los días de Laparra pasan lentos entre libros, partes de su expediente a las que ha tenido acceso, angustia y miedo por lo que pueda sucederle, según un informe psicológico hecho a la fiscal. "Una prisión que raya en la tortura”, dice el reporte.
Laparra primero denunció a Castellanos Rodas por filtrar información de un caso a otro abogado que presta servicios a una institución a cargo de la presidencia de la república y fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Tras la denuncia Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción y entonces el juez denunció a Laparra. Tanto el magistrado como el abogado han negado las acusaciones y Laparra no pudo oponerse a la decisión de la Corte porque quedó detenida.
En su denuncia Castellanos Rodas está acompañado por la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que ha denunciado a decenas fiscales, jueces y operadores de justicia que han luchado contra la corrupción y contra crímenes de guerra acusándolos de malas prácticas, denuncias que han tenido eco en el Ministerio Público.
Laparra es una fiscal de provincia y ejerce en Quetzaltenango -la segunda ciudad más importante del país-. El día de su detención iba a viajar a la capital para atender al día siguiente una audiencia con el mismo juez que ordenó su detención.
La fiscal trabaja para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que estuvo a cargo de casos especiales de corrupción y que en años pasados llevó ante la justicia a grandes empresarios, funcionarios de gobierno, jueces y magistrados. Ahora está suspendida y lleva cuatro meses sin recibir su salario.
Los martes y sábados Laparra recibe la visita de su familia, abraza a sus pequeñas, las sienta en su regazo y les acaricia el cabello como intentando detener el tiempo y disfrutar un poco más de ellas.
“Esto ha sido una pesadilla de terror”, sostuvo.
El proceso judicial contra Laparra ha estado plagado de errores desde el principio. La primera jueza que conoció la denuncia en su contra no le permitió participar de la audiencia. “Usted no es parte del proceso, sólo esta aludida en la denuncia”, le dijo. Luego le negaron acceso al expediente.
A pesar de haber recusado tres veces al juez que ordenó su arresto éste insistió en seguir en el proceso, entonces ella hizo pública una carta denunciando irregularidades. El juez decidió excusarse para no conocer el caso pero retuvo por dos semanas el expediente hasta que otra Corte le ordenó que siga adelante del caso.
La fiscal cree que todo el caso en su contra es una venganza “de algo que no pudieron hacer contra todos los ex fiscales que están exiliados”, dijo.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales sostienen que el caso es una represalia por su lucha contra la corrupción y han convocado a protestas el martes para acompañarla en la audiencia.
