MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Con 104 votos afirmativos y 19 abstenciones, el Parlamento ecuatoriano ha aprobado el proyecto después de tres meses de negociaciones en los que se han formulado mejoras y se ha precisado en varios ocasiones el texto, sobre todo en lo que atañe a la protección del derecho a la protesta social pacífica, según ha informado la propia Asamblea en un comunicado.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, ha defendido el apartado de la ley que atañe a las protestas y ha asegurado que el proyecto es el resultado "de un trabajo metodológico y técnico" y que se encuentra "en condiciones perfectas para ser aprobado".
Sin embargo, el movimiento político Pachakutik se ha negado a votar a favor del proyecto ya que "lesiona gravemente el derecho a la protesta social", una de las banderas del movimiento indígena, según ha explicado su coordinador nacional, Marlon Santi.
"Tras el análisis y discusión internos de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que se debate en el Pleno Legislativo, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik dispone a la Bancada de Asambleístas que no se pronuncien en favor del mencionado cuerpo legal ya que lesiona gravemente el derecho a la protesta social que ha sido una de las banderas que Pachakutik ha levantado históricamente", ha detallado el grupo.
Por otra parte, los parlamentarios han declarado que la ley "por sí sola" no constituye una solución al problema de la delincuencia común, y han requerido al Gobierno que transfiera recursos oportunos para la Policía.
"Los legisladores destacaron la necesidad de establecer políticas de Estado en materia de respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, para preparar adecuadamente a los efectivos policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza, según como avanza el conflicto y el peligro que este represente para la vida de los propios elementos del orden y de terceros", ha precisado el Parlamento ecuatoriano en el escrito.
El nuevo texto regula contextos y circunstancias específicas en los que las fuerzas de seguridad del Estado pueden hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza, norma los procedimientos y requisitos de los informes que se debe elevar en estos casos, y establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley.
