CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Dos años después de acusar a su antiguo sicólogo de haber abusado sexualmente de ella, una mujer puso la dirección del hombre en un directorio en internet y descubrió que él tenía un alias desconocido. Una búsqueda de ese nombre la llevó a toparse con artículos de periódicos sobre la muerte de una niña de 10 años.
“¿Qué tiene que ver eso con Peter?”, se preguntó.
Un par de obituarios que encontró a continuación la llevaron a hacer la conexión. Sentada en una computadora en una biblioteca pública en enero de 2020, vio varias fotos pequeñas en un archivo de periódico hasta que apareció una más grande. “Lotería”, se dijo. “Es él”.
“Desgraciado”, dijo que pensó.
Nueva Hampshire es uno de 10 estados que permite que las personas cambien de nombre cuando están encarceladas, pero la gente no tiene forma de conocer la identidad previa de una persona, a menos que acuda a la corte donde fue aprobado el cambio o haga un minucioso trabajo de detective. Fue eso último lo que llevó al descubrimiento de que Peter Stone fue una vez Peter Dushame, un hombre condenado por matar a una niña de 10 años en un notorio accidente por conducir ebrio hace tres décadas.
Lo que sucedió en medio genera preguntas complicadas sobre el derecho a forjarse una nueva vida después de la cárcel y lo que los pacientes pueden o deben saber sobre antecedentes de alguien que se dice asesor de salud mental.
“¿Hasta qué punto queremos marcar a una persona por el resto de su vida?”, se preguntó Albert “Buzz” Scherr, profesor en la Facultad de Derecho Franklin Pierce de la Universidad de Nueva Hampshire. “¿Debe un sicólogo revelarle a cada paciente nuevo que él fue condenado por un delito?”.
Stone, que entonces era Peter Dushame, tenía 33 años y estaba ebrio cuando arremetió contra una motocicleta estacionada en Nashua, Nueva Hampshire, el 1 de octubre de 1989. Lacey Packer, una niña de cuarto grado de primaria que regresaba a casa en Massachusetts con su padre, murió dos días después.
Dushame tenía una licencia de conducción válida pese a cinco fallos previos en su contra por conducir en estado de ebriedad y ese fue su tercer choque fatal, aunque los otros dos no incluyeron alcohol.
Massachusetts y Nueva Hampshire respondieron con nuevas leyes y el diario Boston Globe lo llamó “el automovilista borracho más notorio en la historia de Nueva Inglaterra”.
Con el paso del tiempo, sin embargo, él se dedicó a ayudar a personas que se recuperaban de una adicción. Obtuvo una maestría en sicología y dirigió programas terapéuticos desde la prisión.
Dos años más tarde, se cambió legalmente su apellido a Stone. Salió en libertad en 2002 y al final abrió un consultorio como orientador con licencia en materia de adicción a las drogas y el alcohol en North Conway.
“Yo soy una prueba de que las personas pueden cambiar”, les escribió Stone a los reguladores estatales en 2013.
En julio del año pasado, fue imputado de cinco cargos de agresión sexual agravada, bajo una ley que penaliza cualquier contacto sexual entre terapeutas u otros proveedores de servicios de salud y sus pacientes. Esa conducta es prohibida además por el código de conducta de la American Psychological Association de Estados Unidos.
En una entrevista reciente con The Associated Press, la mujer de 61 años que acusó a Stone dijo que ella empezó a tener sentimientos románticos hacia él seis meses después de comenzar su terapia por ansiedad, depresión y abuso de alcohol en junio de 2013. Aunque él le dijo que una relación entre ambos no sería ética, al final tuvo contacto sexual en febrero de 2016, dice la mujer.
“Esto fue pasarse de la raya”, dice la mujer que él dijo al ponerse los pantalones. “¿Cuándo te vuelvo a ver?”, agregó, según ella.
Aunque la mitad de los estados de la Unión Americana no tienen restricciones a los cambios de nombres tras delitos graves, 15 los prohíben o imponen períodos de espera para quienes son condenados de ciertos delitos, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Illinois, un estado cuyas leyes están entre las más restrictivas.
Stone cumplió apropiadamente cuando reveló sus antecedentes penales en sus solicitudes de licencia y otros documentos, de acuerdo con una revisión de archivos obtenidos por la AP.
Revelarlos a los clientes no es obligatorio, admitió Gary Goodnough, profesor de Ética de la Terapia en la Plymouth State University, pero él cree que los clientes tienen el derecho a saber sobre algunos delitos, incluso homicidio vehicular.
“Uno de los principios subyacentes en la profesión terapéutica es la noción de la veracidad”, afirmó. “Debemos decir la verdad”.
De acuerdo con documentos en tribunales, Stone dijo a los investigadores que la mujer lo manoseó una vez, pero que él no sabía cómo fue que su ADN fue a parar en la blusa de ella. El estado le suspendió la licencia de orientador terapéutico en diciembre de 2017 y él la entregó voluntariamente cuatro meses después.
Stone rechazó una solicitud de entrevista de The Associated Press y su abogado no respondió a pedidos de comentarios. El fiscal se negó a comentar sobre el caso. Una audiencia para determinar si Stone es competente para ser enjuiciado va a realizarse en septiembre.
Donna y Gordon Packer, que se volvieron activistas por leyes más severas contra los automovilistas ebrios tras la muerte de su hija, fueron notificados por las autoridades sobre el cambio de apellido de Stone, pero se enteraron del arresto solamente cuando fueron contactados por la AP.
Donna Packer dijo que luego de que hace años su esposo le ofreció el perdón a Stone en una carta, él respondió pidiendo ayuda para salir de prisión por adelantado. Eso le pareció a la pareja algo manipulador, dice ella, pero aun así, ella tenía esperanzas de que Stone cambiara.
“Me enfurece saber que él siga victimizando a la gente”, dijo. “No tenía que ser así”.
