SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó el sábado que las fuerzas de seguridad desmantelaron varios campamentos clandestinos de pandillas que han huido a las zonas rurales del país y afirmó que estos grupos tratan de evolucionar hacia una guerrilla.
“Las capturas de pandilleros se están dando cada vez más en campamentos clandestinos en zonas rurales. Está claro que las pandillas están tratando de evolucionar hacia una guerrilla, ya que les es imposible enfrentar a nuestros agentes y a nuestras tropas en las zonas urbanas”, señaló el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.
El mandatario salvadoreño afirmó que: “Esta revolución” la hacen bajo el auspicio de organismos internacionales, ONGs y de la oposición, quienes les dan cobertura legal, mediática, política y financiera. Pero no lo vamos a permitir".
Bukele aseguró que las fuerzas combinadas de policías y soldados cada día están desarticulando de tres a cuatro campamentos de las pandillas.
El mandatario publicó una serie de fotografías de los campamentos con las armas y municiones incautadas , y dijo que “corresponden a solo 1 de los más de 100 campamentos desarticulados en las últimas semanas”.
Aseguró que, en estos campamentos desarticulados en el departamento de Cabañas, al noreste de la capital, incautaron armamento, droga, dinero, equipo de comunicación, documentos de extorsión y por supuesto pandilleros, que han disparados sus armas contra las fuerzas de seguridad.
Según un reporte de la Policía Nacional Civil, requisaron fusiles, pistolas, cargadores para pistolas y fusiles AK-47, M-16, carabinas y escopetas, así como abundante munición para las armas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la cuenta oficial de Twitter que: “No vamos a permitir que estos grupos terroristas muten a otra forma criminal para seguir causando daño a nuestra población honrada”.
Luego que se registraron 62 homicidios el 26 de marzo —un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador— el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades dicen haber capturado a 39.667 presuntos pandilleros, en un país de solo 6,5 millones de habitantes. Según la información oficial, los jueces han decretado detención provisional para 31.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o de colaborar con las pandillas.
En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18.
El marzo de este año, Congreso salvadoreño aprobó algunas reformas al Código Penal para que formar parte de una pandilla constituya un delito, y pertenecer a estas estructuras criminales puede ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los líderes podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades. Tienen presencia en populosos barrios del país.
