BOGOTÁ (AP) — Un grupo de exdirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció el martes que la organización fue responsable de crímenes de guerra, incluyendo el secuestro de miles de civiles para exigir el pago de rescates y tomar a políticos como rehenes durante años con la esperanza de intercambiarlos por rebeldes encarcelados.
Los excombatientes admitieron su participación en estos delitos durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano.
El tribunal es responsable de investigar los crímenes de guerra cometidos durante las cinco décadas de conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano y de encontrar la manera de compensar a las víctimas.
Según los términos establecidos en el acuerdo, los excombatientes que colaboren con el tribunal pueden evitar la cárcel, pero tendrán que participar en programas de justicia restaurativa, los cuales serán determinados por la corte y las víctimas.
El tribunal de paz asegura que hasta el momento ha registrado a más de 3.000 personas como víctimas de secuestros de las FARC antes de que el grupo depusiera las armas en 2016. La cifra, sin embargo, podría rebasar los 20.000, según bases de datos recopiladas por grupos de derechos humanos.
Durante la audiencia del martes, Rodrigo Londoño, el último comandante de las FARC, dijo que durante años los dirigentes del grupo rebelde autorizaron los secuestros, con la única condición de que no se matara a los rehenes sin su aprobación.
Londoño reconoció que algunos de los rehenes sufrieron tratos inhumanos, como ser encadenados a árboles o ser detenidos en espacios cercados con alambre de púas. También dijo que algunas mujeres sufrieron de abusos sexuales.
“En nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, admitió. “Condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad y sufrimiento, y fue de mucha mayor gravedad los efectos en sus entornos familiares”.
A la audiencia se presentaron siete exdirigentes rebeldes que fueron parte del último secretariado de las FARC. Del otro lado de la sala había cinco sobrevivientes de secuestros que exigieron que los excombatientes revelaran más detalles sobre varios de los casos más renombrados, incluyendo el secuestro en 2002 de 12 miembros de la Asamblea estatal de Valle del Cauca, quienes permanecieron en cautiverio durante cinco años.
En 2007, sus captores ejecutaron a 11 de esos rehenes en un campamento ubicado en una selva remota y bajo circunstancias que siguen sin ser esclarecidas.
Sigifredo López fue el único rehén que no fue ejecutado. Durante la audiencia se dirigió a los excombatientes, y dijo que quería saber quién ayudó a las FARC a secuestrar a los líderes políticos.
“Los hijos de mis compañeros quieren saber dónde están los guardianes, los que dispararon en ese momento”, declaró. “Hay personas que no les han devuelto los cadáveres de sus hermanos, de sus padres”.
