MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
"La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional impuso por unanimidad de votos una pena de 22 años, seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, para Roberto David Castillo Mejía por su participación como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores", ha indicado el Poder Judicial de Honduras en un comunicado.
Así, ha recordado que un tribunal ya declaró culpable a Castillo en julio de 2021 y ha subrayado que "los medios de prueba, tales como pericias de vaciados telefónicos, prueba documental y testifical presentados tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica del imputado fueron suficientes para quebrantar el estado de inocencia de Roberto Castillo".
"Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte de Cáceres, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiera con las operaciones de DESA", ha manifestado, antes de confirmar que se abre un plazo de 20 días para recursos ante la Sala de lo Penal, que podría "ratificar, modificar la sentencia u ordenar que se repita el juicio oral y público".
En diciembre de 2019, otras siete personas fueron condenadas a penas de entre 30 y 50 años de cárcel por su papel en el asesinato de Cáceres, tiroteada en marzo de 2016 frente a su vivienda en la localidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Cáceres, ha reclamado la detención de otros implicados en el suceso. "David Castillo es solo un eslabón a la cadena de mando que ordenó el asesinato de la lideresa del COPINH", ha dicho.
"Reafirmamos que el Estado de Honduras sigue en deuda con la justicia", ha apuntado la organización a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. "No cesará la lucha del pueblo Lenca por la justicia para Berta", ha zanjado.
Cáceres, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.
