LA PAZ, Bolivia (AP) — El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados dijo el martes “que todas las personas” tienen derecho a un juicio justo, en referencia a la reciente condena a la expresidenta interina Jeanine Áñez, y afirmó que la justicia boliviana está afectada por la injerencia política, la lentitud y la corrupción.
En la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra el Relator Diego García-Sayán sostuvo que el caso de Áñez “pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”. García-Sayán visitó Bolivia en febrero para recabar información sobre el estado del Poder Judicial.
Entre otros problemas estructurales citó el “gran rezago”, la corrupción "que incide en una profunda desconfianza en la administración de justicia” y el hacinamiento en las cárceles que ronda el 349%.
Áñez, de 54 años y detenida desde hace 15 meses, fue condenada a 10 años de prisión el 11 de junio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución por la sesión legislativa en la que se proclamó presidenta en su condición de vicepresidenta del Senado.
El Ejecutivo había quedado acéfalo tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales luego de las elecciones de noviembre de 2019 en las que buscaba su cuarto mandato y que fueron señaladas de fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al menos 37 personas murieron en los dos meses de protestas que siguieron a la crisis política.
La exmandataria enfrenta otros procesos, entre ellos por la muerte de 20 seguidores de Morales. El expresidente es el jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ha sido señalado por la oposición por su presunta injerencia en la justicia. Morales ha rechazado las acusaciones.
“Las víctimas de violencia de género y de las violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis política de 2019 siguen esperando justicia”, remarcó el Relator.
En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, García-Sayán llamó a los actores políticos a impulsar una reforma de la justicia boliviana. La Unión Europea también se comprometió a apoyar esos esfuerzos que hasta ahora no han prosperado debido a la fuerte polarización política en el país andino.
Desde La Paz y a través de una videoconferencia el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió en la sesión que el gobierno boliviano está empeñado en transformar la justicia con el “escrutinio de la comunidad internacional” y que las recomendaciones del Relator “ya han recibido respuesta con acciones concretas”.
