MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Así, la Rada Suprema ha dado luz verde a una nueva estrategia anticorrupción de cara a 2025 tras una votación que se ha resuelto con el apoyo de 310 diputados. El presidente de la cámara, Ruslan Stefanchuk, ha aplaudido la medida y ha asegurado que Ucrania cuenta ahora con una "estrategia clara contra la corrupción".
Esto permitirá ahorrar unos 200.000 millones de grivnas (unos 6.400 millones de euros) al año, tal y como ha indicado en un comunicado difundido por el propio Parlamento. La nueva ley busca minimizar el riesgo de corrupción en áreas de importancia clave para el país, como el sector militar y de defensa.
La legislación también destaca la importancia de reducir el número de delitos relacionados con la corrupción, así como aumentar la cifra de funcionarios, ciudadanos y empresas dispuestos a denunciar este tipo de casos.
En cuestión medioambiental, los diputados han aprobado también la Ley sobre Gestión de Residuos, un documento que sirve de marco legal para llegar acuerdos básicos sobre responsabilidad medioambiental por parte de productores.
Esto incluye la creación de un sistema de información sobre la gestión de residuos, además de la imposición de impuestos para la eliminación de jeringuillas, mascarillas y otro tipo de residuos como termómetros y lámparas fluorescentes. La ley sienta la base para futuras normativas sobre la responsabilidad de los productores a la hora de gestionar sus residuos.
En este sentido, el Parlamento ha dado el visto bueno a una ley sobre la conservación de los bosques, la cual modifica los requisitos para la deforestación y establece las condiciones para la preservación de los campos de heno.
Además, el Gabinete ucraniano ha lanzado una nueva estrategia económica que operará "en tiempos de guerra" y que tiene como objetivo "convertirse en la base para la reconstrucción" tras el conflicto.
La estrategia, que ha recibido el visto bueno de la Comisión sobre Política Agraria y de Tierras, incluye ocho problemas para la creación de empleo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
El lunes, el Parlamento ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul.
El proyecto de ley para ratificar el convenio había sido introducido por el presidente, Volodimir Zelenski, y está diseñado para implementar el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE con el fin de evitar la violencia machista y combatirla. Ucrania firmó la convención en noviembre de 2011, pero no la había ratificado.
La ONG Amnistía Internacional ha aplaudido la decisión y ha subrayado que se trata de una "victoria histórica a favor de los derechos de las mujeres". La secretaria general de la organización, Angès Callamard, ha señalado que también constituye una "contribución al cambio en la cultura, actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia en base al género".
El 17 de junio, la Comisión Europea propuso otorgar a Ucrania el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea, aunque en su dictamen fijaba una serie de condiciones que serán la base del debate de los líderes europeos la próxima semana en el que tendrán la última palabra sobre la candidatura de Kiev.
Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó a reformas necesarias para avanzar en la senda europea y señaló que queda trabajo pendiente en materia de Estado de Derecho, como nombrar a consejeros de justicia, contar con una agencia anticorrupción que sea operativa y ver resultados de la recién adoptada ley contra oligarcas. También mencionó la ley sobre minorías que las autoridades ucranianas tienen pendientes de aprobar.
En el aspecto económico, el documento de Bruselas apunta a que el país debe realizar reformas para mejorar el funcionamiento de su economía y señala la importancia de gestionar la ayuda económica en plena guerra
La Comisión Europea hará seguimiento de los progresos de Ucrania en las condiciones establecidas y se espera una evaluación para finales de 2022, según recoge el dictamen, que recuerda que de acuerdo a la metodología los pasos en la adhesión se pueden revertir si las condiciones impuestas no se cumplen.
