MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El opositor venezolano Ernesto Quintero ha reclamado a la Audiencia Nacional (AN) que archive su procedimiento de extradición ante la "desidia" por parte de Venezuela para poner día y hora a su entrega, que lleva más de un año esperando en prisión provisional por una acusación de estafa que insiste en que es "rotundamente falsa".
Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno como la AN autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares.
Desde entonces, ha estado encarcelado en la prisión de Soto del Real (Madrid), a la espera de que España y Venezuela acordaran su fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones. Estaba previsto que fuera entregado el pasado 12 de febrero, pero se suspendió por complicaciones relacionadas con la COVID-19.
La defensa de Quintero, que ejerce 'pro bono' Oliver Abogados, se ha venido quejando en sucesivos escritos --a los que ha tenido acceso Europa Press-- de que "lleva más de 15 meses privado de libertad bajo el pretexto de que su entrega a las autoridades venezolanas se iba a ejecutar".
En respuesta, la Sala de lo Penal de la AN dictó una providencia el pasado 8 de junio donde solicitaba a la Embajada de Venezuela en Madrid, a través de Interpol, que informara a la sede judicial "en el plazo de una semana" sobre la fecha en la que proponen que Quintero sea trasladado a la nación caribeña.
En un último escrito del pasado viernes, los abogados de Quintero indican que las autoridades venezolanas no han respondido a la AN, lo que a su juicio evidencia que "la entrega ha perdido el interés extradicional".
En consecuencia, reclaman a la Sala de lo Penal que archive el procedimiento de extradición contra Quintero y ordene su puesta en libertad. En el caso de que opte por continuar con la entrega a Caracas, le plantea igualmente que le deje libre con medidas cautelares "menos restrictivas".
"La desidia de las autoridades requirentes solo agrava la situación física y mental de mi mandante, sin que la continuación del procedimiento y el mantenimiento de la prisión provisional supongan ningún bien para la causa", exponen.
PELEA EN LOS TRIBUNALES
De todas formas, aducen que la extradición de Quintero debe quedar suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el pasado 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
A este respecto, avanzan a la AN que tienen intención de impugnar la resolución del Consejo de Ministros por la que se autorizó enviar a Quintero a Caracas mediante un recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos firmes.
Asimismo, han puesto sobre la mesa que el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una proposición no de ley para "suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias" tanto a Quintero como al también opositor venezolano Rolando Figueroa, a los que considera "perseguidos en su país por causa de su compromiso político".
UNA DETENCIÓN "DESMESURADA"
Los abogados denuncian que Quintero sufre una "privación de libertad desmesurada, indefinida e injustificada" que "excede de los límites amparados en Derecho". "Como si de una mercancía se tratara, lleva interno en prisión 15 meses 'para hacer efectiva la entrega', a merced de que las autoridades venezolanas fijen un plan de vuelo", recalcan.
Los abogados argumentan que el opositor padece "una privación de libertad 'sine die'" que no tiene sentido porque "es patente que no hay riesgo de fuga", "ya no solo por el arraigo familiar", puesto que su mujer y su hija pequeña viven en España, "sino también por la ausencia de recursos económicos que le permitieran llevar a cabo una eventual huida".
Ponen el acento en el hecho de que, aunque hasta ahora la empresa donde trabaja Quintero le ha mantenido el sueldo pese a estar encarcelado, ya no puede seguir haciéndolo, lo que provocará a su familia "enormes perjuicios económicos".
"La consecuencia directa de la prisión injustificada impuesta a Quintero ha derivado en que su esposa e hija se estén viendo en una situación precaria, con imposibilidad de continuar pagando el alquiler de la vivienda donde residen, acudiendo a iglesias para pedir alimentos, e iniciando los trámites de solicitud de la Renta Mínima Vital para poder subsistir", detallan.
"ROTUNDAMENTE FALSO"
Asimismo, inciden en que "el motivo del que se sirvió Venezuela para la extradición de Quintero no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores, por considerar a las casas de bolsa y a sus miembros afines a una ideología de corte capitalista, opuesta al régimen y perseguida por éste".
La defensa reitera que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de "subordinación absoluta", con "funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert". En este sentido, apuntan que este último dijo en una declaración judicial prestada en Venezuela que "Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra".
A ello anuda que "ninguna cortesía merecen las autoridades requirentes", por cuanto quienes solicitan la extradición son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el fiscal general de Venezuela, Mikel Moreno y Tarek William Saab, respectivamente, que forman parte de las personas sancionadas por la UE por violaciones de los Derechos Humanos.
Para los abogados, es "evidente" que el Gobierno de Nicolás Maduro "ha burlado la relación con España" y, en concreto, los requerimientos de la Audiencia Nacional para llevar a término el proceso de extradición de Quintero.
