MIAMI (AP) — Han pasado casi cinco décadas desde que un grupo de prisioneros políticos fue fusilado en una base militar de la Patagonia argentina. Ahora, por primera vez, los familiares de cuatro de las víctimas verán en un tribunal cara a cara al único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia.
Será a partir del lunes en Miami, a miles de kilómetros de donde sucedieron los hechos, en el juicio a Roberto Guillermo Bravo, un exmarino argentino que vive libremente en Estados Unidos.
“Por casi 50 años las familias de las víctimas de la Masacre de Trelew han estado esperando que todos los culpables enfrenten su responsabilidad”, dijo a The Associated Press Katerina Siefkas, abogada del Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas que junto a un estudio de abogados representa a los demandantes.
“Nuestros clientes buscan la oportunidad de presentar su historia y lograr la justicia que les fue negada durante mucho tiempo”, agregó.
El juicio por jurado de una semana será en los tribunales federales de Miami, donde más de una docena de testigos ofrecerá declaraciones de lo que sucedió en la Base Naval Almirante Zar en agosto de 1972. Bravo deberá declarar públicamente la verdad bajo juramento.
El es el único de los acusados que ha escapado a la justicia argentina porque las leyes de su país no permiten que sea enjuiciado en ausencia.
De acuerdo con la demanda civil presentada en los tribunales federales de Miami en octubre de 2020, Bravo y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisiones políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron y participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos.
Los cuatro demandantes son familiares de las víctimas Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer y Marcela Santucho.
Aunque los hechos sucedieron en otro país, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos. Bravo se fue de Argentina en 1973. Primero se desempeñó como agregado militar y después de jubilarse se quedó a vivir aquí y se naturalizó estadounidense en 1987.
Se trata de una demanda civil que busca una recompensa económica por los daños que habría provocado el supuesto papel de Bravo en la matanza. Un jurado será el encargado de determinar su responsabilidad.
La defensa del exmilitar ha manifestado que la demanda es legalmente incorrecta y sin sustento moral y que no fue una masacre sino un tiroteo entre militares y un grupo de guerrilleros que intentaba escapar. Sus abogados han expresado que las autoridades argentinas lo habían declarado inocente y que una ley de amnistía lo absolvió de los delitos de los que se lo acusa.
“Bravo ha sido siempre un hombre honesto, un empresario que contribuye con la comunidad y un ciudadano con un récord intachable”, expresó hace un tiempo su abogado, Neal Sonnett, para quien el exmilitar actuó de manera “legal y honesta”.
La llamada masacre de Trelew sucedió bajo la dictadura del general Alejandro Lanusse. Unos años antes habían empezado a operar en Argentina grupos guerrilleros identificados con la izquierda y el peronismo, la fuerza política liderada por Juan Domingo Perón, en aquel entonces proscrito y en el exilio.
Los organismos de derechos humanos consideran que la masacre fue un preludio del plan de represión ilegal empleado después por el régimen militar de 1976 a 1983.
Las víctimas pertenecían a grupos guerrilleros y pocos días antes de la masacre habían escapado de una cárcel penal y fueron recapturadas. Según la versión oficial fue un nuevo intento de fuga, pero tras el retorno de la democracia en 1983 los sobrevivientes recuperaron la libertad y relataron lo sucedido.
La justicia argentina recién inició una investigación formal tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares.
Argentina pidió la extradición de Bravo, pero un juez federal de Miami la negó en 2010. Otros tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en su país: Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.
Una segunda solicitud de extradición fue presentada en noviembre de 2019, aunque aún no ha sido resuelta.
El documento de la demanda de 27 páginas indica que Bravo amenazaba a los presos, los torturaba, los obligaba a desnudarse y simulaba ejecutarlos.
El 22 de agosto de 1972 Bravo y otros tres militares llegaron armados a las celdas de los presos mientras dormían y les ordenaron que salieran y formaran una fila contra la pared mirando hacia abajo, según la demanda. “Algunos regresaron a sus celdas. Bravo y otros oficiales requisaron las celdas en busca de sobrevivientes para ejecutarlos”, indica el documento.
Entre los muertos estaban Bonet, Cappello y Santucho, visiblemente embarazada, de acuerdo con los demandantes. Camps fue uno de los tres sobrevivientes heridos de gravedad.
Los demandantes aseguran que su objetivo no es obtener dinero.
“Lo que realmente quieren es que el señor Bravo vuelva a la Argentina y enfrente un juicio”, dijo a AP el abogado Ajay Krishnan, de un bufete que también representa a los demandantes. “Pero si no pueden conseguir eso, y aún no han podido, hacen lo que tienen que hacer, que en este momento es este juicio”.
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Rey reportó desde Buenos Aires.
