NUEVA ORLEANS (AP) — En un revés para el presidente Joe Biden, una corte federal de apelaciones de Nueva Orleans aceptó el lunes reconsiderar su propio fallo de abril con el que le permitió al gobierno exigir que los empleados federales se vacunen contra el COVID-19.
La nueva orden de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans deja sin efecto un fallo anterior de un panel de tres jueces que confirmó el mandato. La nueva orden significa que el bloqueo del mandato impuesto en enero por un juez federal en Texas sigue vigente mientras los 17 jueces con que cuenta la corte examinan la apelación.
Biden había emitido una orden el 9 de septiembre que requería que más de 3,5 millones de empleados del poder ejecutivo federal se vacunaran, sin opción de reemplazar la inyección con la realización regular de una prueba diagnóstica, a menos que les fueran aprobadas exenciones por cuestiones médicas o religiosas.
El juez federal de distrito Jeffrey Brown, que fue designado a la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Texas por el presidente Donald Trump, emitió una orden judicial a nivel nacional contra el requisito en enero. En ese entonces, la Casa Blanca dijo que 98% de los trabajadores federales ya estaban vacunados.
A la decisión de Brown le siguieron una serie de fallos de ida y vuelta en el 5to Circuito.
En febrero, un panel del mismo circuito se negó a bloquear el fallo de Brown en lo que se resolvía una apelación.
Pero después de escuchar los argumentos en marzo, un panel diferente dictaminó en una votación de 2 a 1 que Brown no tenía jurisdicción en el caso. El panel dijo que quienes impugnaron el requisito podrían haber buscado soluciones administrativas bajo la ley del Servicio Civil. Aunque el fallo se emitió en abril, no entró en vigor oficialmente hasta el 31 de mayo.
Los jueces Carl Stewart y James Dennis, que fueron nominados para el 5to Circuito por el presidente demócrata Bill Clinton, conformaron la mayoría. El juez Rhesa Barksdale, nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, no estuvo de acuerdo, alegando que el alivio que buscaban los que impugnaron la ley no está cubierto por la Ley de Reforma al Servicio Civil citada por el gobierno
El gobierno federal argumentó que la Constitución le da al presidente, en su calidad de jefe de la fuerza laboral federal, la misma autoridad que la del director general de una corporación privada para exigir que los empleados se vacunen.
