MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Administración Biden ha intentado en numerosas ocasiones poner punto y final a los llamados Protocolos de Protección Migratorios (vulgarmente conocidos como el programa "Permanencia en México"), una de las iniciativas estrella del mandato del entonces presidente Donald Trump, solo para acabar enfrentándose a las apelaciones de estados como Texas o Misuri.
Durante el tiempo en que los protocolos han permanecido en vigor (la última vez desde diciembre del año pasado hasta ahora) al menos 71.076 solicitantes de asilo fueron devueltos a México mientras se procesaban sus peticiones. Las consecuencias se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de la crisis migratoria en la frontera sur: la aparición de amplios campamentos cerca de los pasos fronterizos.
Grupos pro Derechos Humanos han denunciado que cientos de solicitantes que aguardaban allí su entrada en el país han sido secuestrados, violados, torturados o golpeados.
La decisión ha sido alcanzada gracias a los votos de los jueces conservadores John Roberts y Brett Kavanaugh, que han sumado sus votos a la bancada liberal de los magistrados Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer.
