MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
"Entre 2010 y 2014 la Procuraduría estatal habría llevado a cabo prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, traslado y/o estancia en el Ministerio Público", ha detallado la organización en un extenso informe de 90 páginas.
En concreto, la incidencia de la tortura y otros malos tratos en Aguascalientes "era muy elevada", al menos hasta 2014, previo a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en la entidad mexicana.
De esta forma, la localidad tenía el segundo mayor porcentaje de personas (89 por ciento) que aseguraban haber sido torturadas o maltratadas durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público.
"En 24 (de los casos estudiados por ONU-DH), se tienen sólidos elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, en los que los testimonios de las personas se corroboran con otros indicios", ha explicado, agregando que en los 16 casos restantes "los testimonios incluyen descripciones con un muy alto grado de similitud con lo referido por las otras 24 personas".
Los malos tratos, tal y como ha informado en un comunicado, eran actos "organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, y ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de dicha Procuraduría".
"El informe es un testimonio de la valentía de las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes", ha declarado el representante en México de ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, quien ha agregado que estas voces "interpelan a las autoridades para que tomen medidas firmes, contundentes e inequívocas a fin de que estas prácticas no vuelvan a ocurrir".
Pese a la denuncia por parte de la organización, a fecha de hoy, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por estos actos que, según ONU-DH, son "incompatibles con los Derechos Humanos". "Estas prácticas lesionan los derechos y expectativas de la sociedad en su conjunto, la cual espera de las instituciones encargadas de protegerles resultados confiables y duraderos con pleno respeto a la ley", ha indicado Fernández-Maldonado.
