CIUDAD VICTORIA, México (AP) — Mientras la hija del último periodista asesinado en México se debate entre la vida y la muerte y sus compañeros de profesión en Tamaulipas, la violenta esquina noreste del país, intentan seguir reporteando, el gobierno federal afirmó el jueves que las críticas de Antonio de la Cruz a políticos locales es una de las líneas de investigación sobre su homicidio.
De la Cruz, de 47 años, cubría temas agropecuarios y comunitarios pero era también un tuitero muy activo en las redes sociales, a las que había subido señalamientos sobre actos de corrupción que provocaron que las autoridades le pidieran en ocasiones borrar sus publicaciones en Twitter.
“Es un atentado evidente contra la libertad de expresión”, aseguró Miguel Domínguez, director de Expreso, el diario en el que trabajó De la Cruz durante más de dos décadas y que el jueves llegó a los kioscos de Ciudad Victoria con su tradicional cabecera roja sustituida por un fondo negro, la foto un De la Cruz sonriente y el titular “¡Justicia!".
En la conferencia presidencial del jueves, el gobierno federal dijo que el ataque había sido ejecutado por dos personas en una motocicleta, sin más detalles. Domínguez aseguró que fue “un ataque directo”.
Según el Expreso, el reportero estaba en un vehículo junto a su hija Cinthya, de 23 años, cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó a su ventana y disparó cinco veces. Una de las balas alcanzó a su hija que viajaba en el asiento del acompañante y que el jueves se encontraba con pronostico reservado, según las autoridades.
En la mira de muchos compañeros están sus críticas a los políticos locales.
“Es muy peligroso no saber de dónde viene el ataque”, le dijo uno de sus colegas, Carlos Manuel Juárez, al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.
“Nos sentimos... muy a la intemperie, no sabemos si es un tema meramente político. En Twitter hacía mucha crítica al gobierno estatal y me comentó que le pedían bajar los tuis y que él los mantenía", agregó Juárez.
El presidente, que sólo en este año ha visto cómo fueron asesinados en México 12 periodistas, reconoció que uno de los temas que se investigan son los “cuestionamientos a autoridades locales” y que por ese motivo la fiscalía federal tomó la decisión de actuar en el caso.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, subrayó que el asesinato no quedará impune pero en la ciudad ya se preparan protestas, como las muchas que se han celebrado en México después de cada asesinato y de cada condena, para que los casos no caigan en el olvido.
Domínguez dijo no conocer amenazas expresas contra De la Cruz, pero Expreso sí ha sido objeto de ataques a lo largo de su historia.
En 2012, uno de los peores años de la violencia de los cárteles, estalló un coche bomba frente a la redacción del diario y en 2018 dejaron una hielera con una cabeza humana en la que amenazaban al periódico por callar sobre las ejecuciones que ocurrían en la ciudad.
Los 12 asesinatos de reporteros este año en México, el más sangriento para la prensa mexicana, han ocurrido en distintos puntos del país, de Veracruz a Sinaloa, de Baja California a Michoacán. Sin embargo, Tamaulipas ha sido el estado donde las amenazas han marcado el actuar de la prensa local en las últimas décadas.
Fronterizo con Texas, primero estuvo inmerso en una guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y luego entre el primer grupo, el Cártel del Noreste y muchas subcélulas. Es, además, la región por la que cruzan más migrantes de forma ilegal a Estados Unidos, uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado en este momento.
“Vivimos en un estado en el que desde hace más de una década estalló una ola de violencia que también ha afectado al gremio”, explicó Domínguez a AP. “Nos hemos tenido, desafortunadamente, que acostumbrar a trabajar en esas condiciones, a extremar cuidados, a tomar ciertas consideraciones sobre lo que vamos a publicar o no”.
La mayoría de quienes gobernaron Tamaulipas en los últimos 20 años han ido a prisión acusados de corrupción o por asociarse con cárteles del narcotráfico. El actual gobernador, opositor al gobierno federal, terminará su mandato en octubre y lo sucederá quien ganó las elecciones de junio, el candidato del partido del presidente López Obrador, Américo Villarreal.
