LIMA (AP) — Dos decenas de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos de la comunidad LGBT protestaron el jueves frente al local principal de la Fiscalía por la violencia que ejercen sobre ellas extorsionadores que les piden dinero a cambio de dejarlas trabajar en las calles.
“Están matándonos y el Estado indolente no hace nada”, dijo a The Associated Press Angela Villón, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales del Perú. "Estoy denunciando que hay mafias que se están instalando y cobran cupos a vista y paciencia de la policía y las autoridades", aseguró.
Ninguna autoridad de la fiscalía salió a atender a las manifestantes. Las protestas de trabajadoras sexuales no son frecuentes en Perú. En letreros decían que si contaran con derechos básicos, educación, salud, identidad y trabajo, no tendrían que exponer sus vidas a la prostitución.
La protesta ocurre luego que en la víspera una mujer transexual fue herida a tiros en una calle de Lima. Las activistas identificaron a la víctima como Sharon Silva, de 39 años, quien recibió impactos de bala en las piernas y cadera. Silva está internada en un hospital público de Lima.
“Le hemos pedido al Ministerio del Interior que forme una comisión especial para desactivar estas mafias, pero nada de eso ocurre”, dijo Villón, de 57 años, quien es trabajadora sexual, madre de cuatro hijos y postuló al Parlamento en 2016 por un partido izquierdista pero no fue elegida.
El ministro del Interior, Dimitri Senmache, el quinto en el gobierno de 11 meses del presidente Pedro Castillo, estaba a punto de obtener la censura en el Parlamento, un hecho que lo obligaría a renunciar, de acuerdo a la ley. Si eso ocurre, Castillo tendría que nombrar un sexto ministro.
El reciente ataque a la trabajadora sexual no es el único.
Villón dijo que varios casos simplemente no son registrados por el poco interés que tienen sobre estos casos las autoridades.
A mediados de febrero dos mujeres ecuatorianas fueron asesinadas a tiros en una calle de Lima y en marzo una colombiana también fue ejecutada en otra calle de la capital. La policía indicó que las víctimas eran trabajadoras sexuales.
Todos los casos, afirman las activistas, ocurrieron porque las víctimas se negaron a pagar dinero a grupos delincuenciales. “Necesitamos un Estado que nos defienda y que las muertes no queden impunes”, dijo Villón.
Un estudio realizado en 2002 por el Ministerio de Salud calculó en 250.000 las trabajadoras sexuales en todo el país, pero las activistas creen que la cifra oficial es conservadora. “Somos muchas más, pero somos invisibles para el país”, dijo Villón.
