MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La magistrada Paola Bedón ha resuelto enviar el caso al mayor órgano judicial del país para que decida si la actuación del líder indigenista durante las movilizaciones fue constitucional o no, después de que la defensa de Iza solicitara un plazo de 45 días para que se evaluasen las pruebas, ha informado 'El Universo'.
"La jueza ha resuelto remitir de forma inmediata al Tribunal Constitucional, para que realice la consulta respecto al tiempo. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece un tiempo muy corto para este tipo de situaciones, apenas son 15 días, y las diligencias probatorias requieren de un mayor tiempo", ha explicado Carlos Poveda, abogado de Iza, quien ha aclarado que tal decisión era compartida también por el fiscal en el caso, Sergio García, según ha recogido el citado diario.
Asimismo, Poveda ha cuestionado la parcialidadd del juicio en el que se acusa a Iza de paralización de los servicios públicos --y motivo por el que el presidente de CONIAE fue detenido el pasado 14 de junio-- ya que no se encontraban presentes los testimonios de la Policía Nacional, Petroecuador y la Fiscalía.
Por otra parte, posteriormente a la celebración del juicio en Cotopaxi, Iza ha anunciado que recurrirá a la entes jurídicos internacionales "independientemente de la resolución que emita Bedón".
"Vamos a recurrir, cualquiera que sea el resultado hoy, a la Justicia internacional. Vamos a llevar la vocería a escala internacional. No se puede aceptar semejante mentira con tal de dañar y acabar con una persona, una autoridad", ha expresado el titular de la CONAIE en declaraciones recogidas por 'El Comercio'.
Además, Iza ha calificado su detención de "ilegal, arbitraria e ilegítima", y ha sostenido que "no se ha probado ni se probará jamás" las acusaciones en su contra. "Es una mentira lo que me atribuyen, yo no he cometido un delito flagrante", ha señalado.
Durante las movilizaciones que han tenido lugar durante las últimas tres semanas en Ecuador, el líder indigenista ha llegado a recriminar a las fuerzas de seguridad del Estado por su detención instando a que se detuviesen a todos los manifestantes.
"La lucha no es de una organización o de una sola persona, es de los indígenas, es del pueblo. Así que si por reclamar derechos quieren encerrar a uno, todos debemos estar en la cárcel, porque todos estuvimos en las protestas", apuntaba un Iza en la Plaza El Salto, en Latacunga, en el centro del país.
