BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino condenó el miércoles a prisión perpetua a diez exmilitares e impuso penas de hasta 20 años de cárcel a otros diez por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra cientos de perseguidos políticos en el centro ilegal de detención de Campo de Mayo durante la última dictadura militar (1976-1983).
Con su veredicto, un tribunal de San Martín finalizó el juicio oral iniciado en 2019 a los acusados por torturas, secuestros, homicidios, desapariciones y apropiación de bebés que tuvieron lugar en la guarnición de Campo de Mayo, perteneciente al Ejército y situada en la provincia de Buenos Aires.
Los condenados a prisión perpetua son Santiago Omar Riveros -exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y quien ya cumple sentencias de cárcel por otras causas de violaciones a los derechos humanos-, Eugenio Guañabens, Luis del Valle Arce, Luis Sadi Pepa, Carlos Tamini, Carlos Somoza, Miguel Conde, Mario Domínguez, Francisco Agostino y Luis Pacífico Britos
Además el tribunal impuso condenas de entre cuatro y 22 años de cárcel a Hugo Castagno, Bernardo Caballero, Carlos Rojas, Roberto Fusco, Carlos Caimi, Arnaldo Román, Francisco Agostino, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchell y Alfredo Arena.
Los condenados pueden apelar las sentencias ante una instancia judicial superior.
El tribunal consideró que los delitos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles.
Durante la dictadura, Campo de Mayo alojó prisioneros propios y otros provenientes de distintos centros de detención. Su Hospital Militar funcionó como una maternidad clandestina en la que dieron a luz detenidas cuyos bebés fueron sustraídos por militares que los criaron como propios. Su jurisdicción operativa se extendía sobre un amplio territorio de zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.
En el juicio los fiscales probaron el funcionamiento de un aparato de represión sistemática como el que operaba en otros muchos centros de detención desperdigados en el país. Durante el proceso declararon más de 600 testigos e intervinieron una veintena de querellantes, entre organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
De los acusados, nueve habían sido sentenciados en otras causas por violaciones a los derechos humanos.
Durante la última dictadura militar desaparecieron unas 30.000 personas -entre ellos disidentes políticos, obreros, sindicalistas y estudiantes- según organismos de derechos humanos.
