LIMA (AP) — El gobierno peruano envió el miércoles al Parlamento un proyecto de ley para castigar con cárcel a quienes difundan informaciones de investigaciones de la fiscalía en momentos en que el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, su cuñada y su entorno son indagados por presunta corrupción.
El plan, anunciado en junio, busca incorporar el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, que intenta “salvaguardar" ese contenido --al que tiene acceso por el cargo o función que desempeñan-- los operadores de justicia y las partes procesales.
El gobierno de Castillo propone encarcelar con entre dos y tres años a policías, fiscales, jueces o asistentes que difundan o entreguen información de investigaciones. Si ésta se difunde en medios de comunicación, el castigo aumenta a cuatro años de cárcel. En esta última opción, además de los anteriores mencionados, también están incluidos cualquiera de las partes de una investigación.
La Defensoría del Pueblo dijo el jueves último que el proyecto afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información. “Esta propuesta buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas” precisó el órgano autónomo en un comunicado.
La propuesta, a la que AP tuvo acceso, indica que el periodismo genera “una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos al difundir información relativa a la investigación penal, configurándose muchas veces escenarios de atribución -a priori- de responsabilidad en contra de personas investigadas, así como dinámicas de presión hacia los operadores de justicia alentadas sobre falsas expectativas”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú dijo en un pronunciamiento que “en momentos en que en todo el continente la tendencia es transparentar al máximo posible los procesos contra la administración pública y corrupción en la que se encuentren involucrados quienes ejercen o han ejercido función pública, lo que sucede en el país constituye una franca regresión”.
Castillo es el primer presidente de Perú que es investigado en funciones por la fiscalía por el supuesto delito de organización criminal y corrupción. La hipótesis fiscal indica que el mandatario encabeza un grupo que obtenía dinero de licitaciones estatales. Sus dos sobrinos, un exministro y su exsecretario presidencial están prófugos y la justicia ha dictado prisión preventiva para ellos.
El mandatario, el primer presidente de origen campesino, ha asegurado en varias ocasiones que no ha robado dinero público y ha exigido pruebas sólidas a quienes lo acusan. Su cuñada, también está siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, un tipo de corrupción.
No obstante, Castillo no es el único mandatario enredado en acusaciones de corrupción. Seis expresidentes que gobernaron entre 1985 y 2020 están condenados, investigados o procesados por corrupción o lavado de activos. Uno de ellos, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó poco antes de ser capturado en una investigación por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La relación de Castillo con la prensa, sobre todo con la capitalina, siempre fue tensa.
Hace poco varios medios locales colocaron cintillos indicando que el mandatario no hablaba con la prensa por más de 100 días. En enero le dijo la radio local Exitosa, en una rara entrevista, “nunca leo periódicos y créeme que no miro ni televisión… no hay nada que sacar de los periódicos, dime qué periódico me habla cuántos niños desnutridos hay en Perú, qué ciudad está contaminada, qué están haciendo los alcaldes, cuáles son los problemas fronterizos, ellos tienen su propia agenda”.
Sus roces con los medios empezaron incluso durante la campaña presidencial que lo llevó al poder el 28 de julio de 2021. “En la campaña hicieron de todo conmigo… cuando yo salía a los medios de comunicación y decía esto voy a hacer por el Perú, como candidato, me daba cuenta de que los periódicos y las pantallas al siguiente día nunca hablaban de lo que hablaba”, comentó esa fecha.
Castillo ha sido criticado por su escaso cuidado en escoger funcionarios para puestos claves: cambió a un eficiente ministro de Salud durante la tercera ola de COVID-19 debilitando las vacunaciones y colocó a un inexperto maestro de escuela en el Ministerio del Ambiente poco después de un derrame de petróleo considerado el peor desastre ecológico de la historia reciente del país.
En menos de un año el Parlamento —que es más impopular que el mandatario, según todas las encuestas— ha querido destituirlo en dos ocasiones sin lograrlo, también le ha censurado cuatro ministros, obligándolos a renunciar. Hace poco el partido marxista Perú Libre, con el cual fue elegido presidente, le pidió que renuncie y Castillo accedió.
Su gobierno está programado para finalizar en 2026.
