CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio Público guatemalteco pidió que se le retire la inmunidad al magistrado Joaquín Romeo López Gutiérrez para investigarlo por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez es esposo de la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada en Estados Unidos, quien ha denunciado persecución.
En un comunicado publicado el jueves la fiscalía dijo que López Gutiérrez habría cometido los delitos junto a Aldana y que ambos tendrían cuentas en bancos nacionales y extranjeros que suman unos 600.000 dólares.
La denuncia de la fiscalía de Asuntos Internos -que investiga por orden de la fiscal general Consuelo Porras- ya se había filtrado en las redes sociales.
Aldana dijo que las acusaciones son falsas.
“No es cierto lo que asegura el MP (Ministerio Público). Nunca he tenido cuentas bancarias fuera de Guatemala, NUNCA!!!! Hagan su trabajo contra los delincuentes y dejen de criminalizar a personas inocentes”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.
Varios exfiscales y funcionarios del Poder Judicial guatemalteco se han exiliado en Estados Unidos tras acusar a Porras de perseguirlos por sus investigaciones sobre corrupción que salpican al gobierno.
En 2021 la fiscal general destituyó a Juan Francisco Sandoval, un reconocido y premiado fiscal anticorrupción, luego de que éste recibiera denuncias de supuestos actos de corrupción del actual presidente Alejandro Giammattei, quien ha dicho que Porras en su amiga.
Porras, por su parte, dijo que Sandoval la había maltratado, sin presentar evidencias.
Tras la destitución de Sandoval, Porras fue sancionada por el gobierno estadounidense que le quitó la visa, le negó la entrada a ese país y retiró la cooperación financiera con su oficina señalándola de socavar la democracia y obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción. Porras entonces pidió la captura de Sandoval.
En un año más de 20 exfiscales y jueces se han exiliado denunciado acoso, hostigamiento y amenazas por su trabajo en casos de corrupción y delitos de lesa humanidad. Porras ha destituido a más de 16 fiscales que tuvieron a su cargo algunos de esos casos.
El jueves Human Rights Watch dijo en un comunicado que “las abruptas destituciones de ocho fiscales realizadas desde el 30 de junio de 2022 por parte de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y socavan aún más la independencia de los funcionarios del Ministerio Público”.
Entre las destituciones está la de la exfiscal Hilda Pineda, quien llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y logró que lo condenaran a 80 años de prisión por el asesinato de más de un millar de indígenas durante la guerra civil guatemalteca. La sentencia fue posteriormente revertida por la Corte de Constitucionalidad y el exdictador murió en 2018 sin ser condenado.
