QUITO (AP) — La declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador por la falta de medicamentos en el sistema de salud pública llegó probablemente tarde para muchos pacientes que perdieron la vida. Otros que obtuvieron acciones judiciales de protección en cortes nacionales e internacionales sienten que las autoridades ignoran sus sentencias.
El gobierno del presidente derechista Guillermo Lasso formuló esa emergencia a fines de junio en momentos en que el país andino enfrentaba una paralización de organizaciones indígenas que demandaban mayor provisión de medicamentos y otras medidas que se debaten actualmente en un diálogo conjunto.
Lidia García es una paciente renal que durante 12 años tuvo que vivir realizándose un proceso de diálisis, hasta que hace cinco, recibió un trasplante de riñón que mejoró sus condiciones de vida. Para poder mantener el órgano en su cuerpo y una salud estable requiere medicamentos inmunosupresores, aseguró.
“No podemos dejar de tomarlos un solo día”, dijo en diálogo con The Associated Press, mientras relata que los casi 2.000 pacientes renales que se agremian en la asociación a la que pertenece viven angustiados por la falta de medicinas en los hospitales.
El primer temor es perder el órgano trasplantado “que nos ha costado mucho conseguirlo”, lo cual puede representar regresar a la diálisis o morir, señaló. “Nos afecta a la parte emocional, saber que voy al hospital y que debo esperar los procesos (de compra oficial)… y (nos dicen) que no pueden hacer mucho; es una situación angustiante, porque nos terminan prácticamente matando”, acotó.
García cuenta que el precio de los medicamentos para un paciente que toma la dosis mínima varía entre “800 a 900 dólares”, mientras que para los que reciben mayor dosis alcanza los “1.000 a 1.500 dólares”.
Al alto costo se suma la poca disponibilidad. “En una ocasión había apenas una caja de la medicina que yo pedía y necesitábamos esa misma caja unos 80 pacientes”, refirió.
Indicó que entre los pacientes se prestan las medicinas, otros optan por reducir la dosis diaria de dos pastillas a una y otros deciden tomarla pasando un día, con el riesgo de afectación a su salud.
“La situación es crítica… y no pasa nada… la próxima semana ya no voy a tener medicina”, continuó, mientras su voz se quiebra y reclama que el Estado asuma su responsabilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó días atrás medidas cautelares a pacientes afiliados a la seguridad social que padecen cáncer en la sangre, por considerar que se encuentran “en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Pese a obtener medidas judiciales “oportunas” por cortes nacionales, los pacientes “continuarían sin recibir su medicamento”, señala el fallo. Estos pacientes sufren por la falta de acceso a los fármacos adecuados desde fines de 2020, refirió.
La CIDH solicitó a Ecuador a que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas beneficiarias”, mediante acciones inmediatas que permitan su acceso al tratamiento y medicinas.
El ministro de Salud, José Ruales, ha dicho que en el proceso de compra pública de medicamentos “había un problema de base legal que ha sido solucionado”, lo que permitirá según él que se cuente con unos 700 tipos de medicamentos desde finales de julio y los tres meses siguientes.
“La ciudadanía va a empezar a sentir a finales de este mes que ya los medicamentos y los insumos médicos empiezan a llegar”, declaró al canal Ecuavisa.
Sin embargo, Ruales admitió que un 10% de la base de medicinas para el tratamiento de la enfermedades “catastróficas” y raras, como antirretrovirales para el VIH, la tuberculosis o medicinas oncológicas no son catalogables en los modelos de compra públicas.
“Tienen un proveedor único o fabricante único o son medicamentos de alto costo o raros o medicamentos que se compran a través de cooperación internacional”, aseguró, sin dar más detalles sobre si se adquirirán o no.
Sobre el pronunciamiento de la CIDH, Ruales dijo que el “IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) tiene que responder”, pues goza de autonomía administrativa, aunque el rector del sistema es la cartera de Salud, reconoció.
Gabriela Garcés, directiva de la Alianza Nacional por la Salud (ANS) que agrupa a 33 organizaciones civiles de personas con enfermedades denominadas catastróficas, lamentó que los pacientes hayan tenido que recurrir a instancias internacionales y reclamó de las autoridades de salud que “dejen de ser indolentes”.
“Los pacientes siguen desatendidos y muchos de ellos han perdido la batalla”, afirmó a la AP.
Garcés informó que solicitaron la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para generar una reunión con el presidente Lasso con el fin de que sus demandas sean escuchadas.
“Hemos tenido varios encuentros con el presidente del consejo directivo (del IESS) … pero no les interesa lo que está pasando”, afirmó. “Todos los días los pacientes gritan en la parte de afuera de los hospitales pidiendo medicamentos y no les están haciendo caso… si el ministro de Salud no puede, el presidente tiene que poder”.
