MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido ha decidido este lunes permitir al rey emérito que recurra la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocerle inmunidad alguna frente a la demanda presentada por su ex amiga íntima Corinna Larsen por acoso, lo que permitiría a Juan Carlos I frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria.
Así lo ha anunciado el juez Nicholas Underhill al término de una vista que ha durado unas dos horas y donde los abogados del antiguo monarca han alegado que, a pesar de su abdicación en 2014, Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y, como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual jefe de Estado.
El letrado ha centrado su argumentación en el hecho de que, conforme a la ley española, Juan Carlos I ya no es jefe de Estado pero sí es una de las seis personas que conforman la Casa Real, junto a las reinas Letizia y Sofía y las infantas Leonor y Sofía.
"El término Casa Real es un concepto, no un lugar", ha acotado, para explicar que lo fundamental son las "estrechas relaciones en circunstancias especiales" entre sus miembros, no el hecho de que convivan bajo el mismo techo.
En este sentido, ha citado un caso relativo a la monarquía saudí donde se reconoció inmunidad a miembros de su casa real "para proteger las funciones del jefe de Estado".
"Es el reconocimiento de que cualquier cosa que le ocurra a esas otras cinco personas ineludiblemente impacta en el soberano (actual) en sí mismo", ha concluido el abogado.
Bajo esta premisa, ha reivindicado que tiene "un caso argumentable" que justifica el recurso que quieren plantear, admitiendo que, si bien puede requerir de mayor elaboración, al menos es "un comienzo prometedor".
El juez Underhill, aunque ha calificado de "sorprendente" el argumento de que cualquier cosa que afecte a Juan Carlos I impacta "necesariamente" en Felipe VI, ha apreciado motivos suficientes para dar luz verde a la presentación del recurso.
"UN ACTO PRIVADO"
En el otro extremo, el abogado de Larsen ha insistido en que no cabe reconocer ninguna inmunidad al rey emérito por los actos de los que le acusa la empresaria por entender que fueron "actos privados".
Aquí el juez británico ha vuelto a mostrar su escepticismo por cuanto, ha razonado, si Larsen sostiene que fue acosada a través del ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán, ningún individuo a título privado podría haber promovido dicho hostigamiento por parte de la Inteligencia española.
El letrado le ha replicado que la inmunidad personal del ex jefe de Estado desapareció con la abdicación y que, en este caso, Sanz Roldán podría haber actuado en calidad de "amigo" de Don Juan Carlos.
"Eso no quiere decir que el Estado español estuviera implicado", ha aseverado, para apostillar que eso sería tanto como decir cualquier acto emanado del rey emérito es un "acto de Estado". "Pero eso no es correcto", ha zanjado.
NEGATIVA INICIAL
De esta forma, el Tribunal de Apelaciones ha autorizado a impugnar la decisión adoptada el pasado 24 de marzo por el juez Nicklin, magistrado del Tribunal Superior de Justicia que determinó que Don Juan Carlos no gozaba de la inmunidad que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado. "Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI", dictaminó.
Con esta resolución, el juez Nicklin despejó el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, algo que ahora dependerá de cómo se resuelva la apelación, una vez formulado el recurso por parte de los abogados del ex monarca.
La empresaria relata en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con el relato de Larsen.
Por ello, reclama al rey emérito una indemnización --cuyo montante no ha trascendido-- por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.
