LA PAZ, Bolivia (AP) — Pequeños agricultores bolivianos se sumaron a la demanda de los agroindustriales que reclaman al gobierno la ampliación de semillas transgénicas ante el creciente déficit en la producción de maíz debido a la sequía y la escasez de granos en Bolivia.
En un pronunciamiento público, la Confederación de Comunidades Interculturales que agrupa a pequeños productores pidió “una ley regulatoria para el uso de biotecnología” y dieron un plazo de 90 días al Legislativo para buscar consensos.
La Constitución prohíbe el uso general de semillas transgénicas y señala que su utilización debe ser regulada por ley. Sólo está permitido para la soya resistente al glifosato y para la producción de biodiesel que todavía está en fase experimental, pero no para el uso alimentario de la población.
El gobierno se muestra reticente a autorizar un uso más amplio de la biotecnología y de momento no se ha pronunciado sobre el pedido de los pequeños productores.
A su vez, los agroindustriales vienen reclamando la ampliación para la soya y el maíz. Es la primera vez que la solicitud es respaldada por pequeños productores.
“Gracias a los buenos precios de la soya, las exportaciones hasta el año pasado se elevaron hasta 1.371 millones de dólares, éste año se prevé una baja por la prolongada sequía, el gobierno debe facilitar el acceso a nuevo eventos de biotecnología para aprovechar los buenos precios y así garantizar la seguridad alimentaria”, dijo Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), que agrupa a los grandes y medianos productores de granos.
La sequía —que es recurrente en invierno del hemisferio sur— está provocando pérdidas en las cosechas sobre todo en maíz que es clave para la cadena alimentaria, refirió Flores en declaraciones a radio El Deber.
Hace un año, el presidente Luis Arce derogó un decreto aprobado por la gestión anterior que autorizaba el uso de semillas transgénicas para varios cultivos como maíz, caña, trigo, algodón y soya.
Organizaciones ambientalistas se oponen a una posible ampliación de la biotecnología por considerarla “la peor amenaza” para la biodiversidad y la soberanía alimentaria, según un reciente pronunciamiento de la fundación Productividad Biosfera y Medio Ambiente (Probioma).
