RIO DE JANEIRO (AP) — Criminales medioambientales en la Amazonía brasileña destruyeron una superficie de bosques públicos del tamaño de El Salvador durante los últimos seis años, y sin embargo la Policía Federal -la versión brasileña del FBI- apenas realizó siete operaciones contra esa pérdida masiva, según un nuevo estudio.
La destrucción ocurrió en bosques federales y estatales “sin asignar”, lo que supone que no tienen un uso designado como los parques nacionales y los territorios indígenas. Según datos oficiales, la Amazonía brasileña tiene unas 580.000 kilómetros cuadrados (224.000 millas cuadradas) de bosques en esa categoría, una superficie casi del tamaño de Ucrania.
Como Brasil ha legalizado de forma reiterada esas invasiones, estos bosques públicos se han convertido en el principal objetivo de delincuentes que ocupan terreno de forma ilegal.
El estudio del Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño, analizó 302 redadas sobre crímenes ambientales realizadas por la Policía Federal en la Amazonía entre 2016 y 2021. Apenas el 2% iban dirigidas contra personas que habían ocupado terrenos públicos de forma ilegal.
El reporte dijo que la falta de vigilancia probablemente deriva de la tenue protección legal de esas zonas. En otras palabras, el mismo problema que atrae la actividad ilegal. Los ambientalistas presionan desde hace mucho al gobierno federal para que convierta esos bosques públicos sin asignar en espacios protegidos.
Desde que Brasil restauró la democracia en 1985 tras dos décadas de régimen militar, la mayoría de los sucesivos gobiernos ha tomado medidas para ampliar la protección legal, y ahora en torno al 47% de la Amazonía está en zonas protegidas, según datos oficiales. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sin embargo, ha reiterado que el país tiene demasiadas zonas protegidas y paralizado esa política tras varias décadas.
En 2016 se talaron de forma ilegal unos 2240 kilómetros cuadrados (865 millas cuadradas) de terreno público sin asignar. El año pasado fue casi el doble. A lo largo de seis años, las pérdidas acumuladas han alcanzado los 18.500 kilómetros cuadrados (7.100 millas cuadradas), según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), según datos oficiales.
La deforestación crece especialmente en esos terrenos. En 2016 eran el 31% de los bosques desmontados de forma ilegal. El año pasado suponían el 36%.
Casi la mitad de la contaminación climática brasileña procede de la deforestación, según un estudio anual de la red brasileña sin fines de lucro Observatorio del Clima. La destrucción es tan grande que el este de la Amazonía ha dejado de ser un sumidero de dióxido de carbono, o una región que los absorbe, y se ha convertido en una fuente de dióxido de carbono para el planeta, según un estudio publicado en 2021 en la revista Nature.
Igarapé clasifica los crímenes medioambientales en la Amazonía en cuatro grandes grupos: tala ilegal, minería ilegal y deforestación asociada a la agricultura o a la ganadería.
Las operaciones de las autoridades se repartieron en muchos lugares, 846, porque la mayoría de los investigados estaban muy al principio de las cadenas ilegales de suministro. Casi la mitad estaban en zonas protegidas como el Territorio Indígena Yanomami, que pese a una mayor presencia policial sufre una creciente invasión de miles de mineros ilegales de oro.
El estudio de Igarapé también señaló a un amplio “ecosistema regional de delincuencia”, ya que se produjeron operaciones policiales en 24 de los 27 estados brasileños y 8 ciudades de países vecinos. “Los crímenes medioambientales derivan de economías ilícitas que acceden a mercados de consumo y financiamiento fuera de la Amazonía”, señaló el reporte.
La Policía Federal no respondió a un email de Associated Press pidiendo comentarios sobre su estrategia en la Amazonía.
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