MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación humanitaria en el mundo, ha pedido a la comunidad internacional un mayor esfuerzo para resolver la gravísima crisis de seguridad, política y humanitaria en Haití, ahora prácticamente bajo el control total de las bandas criminales, en especial en la capital, Puerto Príncipe.
La ONG considera insuficiente la decisión tomada la semana pasada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para extender hasta julio de 2023 el mandato de su oficina en Haití, precisamente la misma organización que ha constatado que 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de 2022, a las que hay que añadir 396 personas secuestradas y 668 asesinadas durante los últimos cinco meses del año pasado.
Entre los fallecidos de este año se encuentran más de 300 personas asesinadas durante la última ola de violencia desatada el 7 de julio por la coalición de pandillas G9 Fanmi e Alye, que lidera Jimmy "Barbacoa" Chérizier, contra el grupo armado G-PEP que dirige Gabriel Jean Pierre, alias 'Ti Gabriel' o 'Gabo', en el barrio de Nan Brooklyn, en el distrito de Cité Soleil, el más violento de la capital, Puerto Príncipe.
A ello hay que añadir el asalto del 10 de junio al Palacio de Justicia de la capital por miembros de la pandilla conocida como "5 Seconds", que expulsaron a los funcionarios judiciales, hirieron a un fiscal y robaron computadoras, escritorios y otros bienes, según el presidente de la Asociación Nacional de Asistentes Legales Haitianos.
El asalto terminó de paralizar el atascado sistema judicial de un país en el que, recuerda HRW, más del 90 por ciento de las personas detenidas en los centros de detención de Puerto Príncipe están en prisión preventiva y algunas están detenidas arbitrariamente, ya que nunca han sido llevadas ante un juez. Otros no han oído hablar de sus casos desde hace más de un año.
Por ello, HRW pide a la comunidad internacional un esfuerzo mucho mayor. "Si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU en Haití es un paso positivo, otros países deberían hacer mucho más para apoyar a los grupos de la sociedad civil haitiana y a las agencias de la ONU a medida que se profundiza la crisis en el país", explica el investigador principal de HRW para los Derechos Humanos en las Américas, César Muñoz.
SISTEMA EN RUINAS
La ONG aprovecha para denunciar que las cárceles de Haití están superpobladas, brindan poco o ningún acceso a alimentos, agua y medicamentos, y ha habido múltiples informes de grupos de derechos humanos haitianos y la Oficina del Defensor del Pueblo sobre casos de malos tratos o tortura por parte de los guardias de la prisión y de violación por parte de otros detenidos.
En este sentido, la oficina de la ONU en Haití documentó 54 casos en los que los detenidos fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición entre enero y abril. Ocho detenidos fallecieron por estas causas el 23 de junio en la cárcel de Les Cayes, en el sur de Haití. La prisión alberga a 833 detenidos, tres veces su capacidad, y tiene poca comida y agua porque las pandillas han bloqueado repetidamente la carretera entre la cárcel y la capital.
A ello hay que añadir una crisis migratoria, dado que 19.000 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití entre enero y junio de 2022, la gran mayoría desde Estados Unidos, en comparación con casi 3.000 durante el mismo período en 2021.
"Las devoluciones a Haití ponen en peligro la vida y seguirán siéndolo si las condiciones del país no mejoran", según Muñoz. "Estados Unidos y otros gobiernos deberían detener todas las repatriaciones o ayudar a establecer un programa de reintegración para brindar asistencia y protección a quienes ya han sido repatriados", ha añadido.
