UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Tras la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde en mayo, Jesse Rizo estaba preocupado por su viejo amigo, el jefe de la policía Pete Arredondo.
Ya muchos le estaban echando la culpa a Arredondo por la fallida respuesta policial cuando Rizo le envió un mensaje de texto, apenas días después de la masacre: “Pensando y orando por ti”.
Dos meses después, con las investigaciones y los videos de cámaras corporales resaltando la respuesta titubeante y desordenada de la policía al asesinato de 19 estudiantes y dos maestras, Rizo sigue preocupado por Arredondo, pero ahora quiere que lo despidan.
Los sentimientos enrevesados de Rizo hacia quien fuera su compañero de la secundaria en Uvalde capturan el tipo de emociones encontradas que las familias de las víctimas y muchos residentes en esta comunidad tan estrechamente unida están viviendo mientras expresan su dolor y su furia en demanda de cambios.
“Me preocupa Pete. Me preocupa que esté mentalmente bien. No quiero que una persona pierda el control”, explicó Rizo, que es un familiar lejano de una niña de 9 años que murió en la matanza. “Pero también quiero que se castigue a las personas que no realizaron sus trabajos adecuadamente”.
Arredondo, de 50 años, quien como jefe del pequeño departamento de policía del distrito escolar fue uno de los primeros policías en llegar al sitio, ha cargado con gran parte de la culpa por no irrumpir inmediatamente en el aula y confrontar al pistolero. Arredondo no ha respondido a pedidos reiterados de comentarios por parte de The Associated Press.
Esta semana, la junta escolar de Uvalde programó abruptamente una reunión para debatir el despido de Arredondo, pero la canceló días después. Mientras las autoridades ponderan sus opciones, los residentes están perdiendo la paciencia ante la falta de respuesta a sus pedidos de que se castigue a los responsables por los desconcertantes 77 minutos de inacción por parte de casi 400 policías que respondieron a los primeros disparos en la escuela.
La mera posibilidad de que sea despedido luego de meses de resistencia de parte de los funcionarios locales es una prueba del creciente poder político de las familias de las víctimas.
La tensión sobre cómo proceder es visible en los carteles que han aparecido por todo el pueblo. “Uvalde unido”. “Uvalde debe seguir unido”. Aunque esos carteles significan cosas diferentes, dependiendo a quién se le pregunta, otros carteles son más claros: “Juicio a Arredondo”.
Los lazos familiares y las disputas políticas datan de generaciones en Uvalde, una comunidad en la que tres cuartas partes de los residentes son hispanos. En su mayoría, los residentes elogiaban a la policía antes de la masacre. Los líderes de Uvalde, muchos de ellos blancos, comparten los bancos de la iglesia con sus mayores críticos. Demandar que se rindan cuentas es muchas veces pedir el despido de un amigo, vecino o empleador.
Es un pueblo con una “estructura de poder” y “reglas no escritas” que dificultan que muchas personas se expresen abiertamente, explicó Michael Ortiz, un profesor universitario local que se mudó a Uvalde hace 13 años y que dice que su titularidad le permite expresarse en una forma que no pueden muchos de los residentes de clase trabajadora de la comunidad.
“Al jefe de alguien pudiera no gustarle eso”, dijo Ortiz. “Tienen miedo incluso de salir a protestar”.
Desde el tiroteo, los padres mayormente hispanos de las víctimas han pasado trabajos para que sean escuchadas sus demandas a la municipalidad y al distrito escolar. Los funcionarios locales se resistieron inicialmente a dar a conocer información, así como a los pedidos de despedir policías, pero las cosas están cambiando.
En un indicio del creciente activismo político, más de 300 personas se han registrado para votar en Uvalde desde la masacre: más del doble del número en el mismo período durante la previa elección intermedia. En julio, más de 100 manifestantes soportaron un calor asfixiante para demandar mayores regulaciones de las armas de fuego —incluso elevar la edad mínima para comprar un arma automática— y mayor transparencia de las autoridades locales y estatales que investigan la masacre.
Fue la mayor protesta local desde 1970, cuando la negativa del distrito escolar a renovar el contrato de un popular maestro de la escuela primaria Robb desató una de las mayores huelgas escolares en Texas en demanda de educación igualitaria para los residentes mexicano-estadounidenses. Un hijo de ese maestro es Ronnie Garza, un comisionado del condado de Uvalde.
Garza dice que el tiroteo ha cambiado a la comunidad, uniendo a las personas en su dolor, pero dividiéndolas sobre la cuestión de la rendición de cuentas. “En estos momentos somos personas desesperadas. Estamos gritando acá y allá para que nos escuchen y nos ayuden”, opinó.
Enfrentadas con los recuentos incompletos y contradictorios de parte de las agencias locales y estatales del orden, las familias de las víctimas han comenzado a hacer que se les escuche.
Luego de que los legisladores estatales emitieron un duro reporte que concluyó que hubo “fallas sistemáticas y decisiones atrozmente malas” por parte de la policía y las autoridades escolares, la junta escolar de Uvalde realizó una sesión especial para escuchar a los padres. El superintendente Hal Harrell se disculpó por haber sido previamente “demasiado formal” y por no permitir que las familias de las víctimas se expresaran.
“Al tratar de encontrar el momento adecuado, el equilibrio adecuado, por respeto, no hice bien las cosas”, admitió Harrell, que es blanco y habló en un auditorio que lleva el nombre de su padre, quien también fue superintendente.
En las tres horas que siguieron, padres y otros miembros de la comunidad reprendieron a los miembros de la junta escolar, diciendo que si no querían castigar a los responsables perderían sus puestos. Algunos dijeron que Harrell no estaba a la altura del legado de su padre, mientras que otros mencionaron la protesta de 1970 y dijeron que esperaban que él actuara mejor, lo que provocó aplausos. Algunas personas pidieron que toda la fuerza policial fuera despedida y abuchearon a los policías estatales que estaban parados en los extremos de la sala.
Rizo, que estuvo en la reunión, dijo que no podía respetar la manera en la que el jefe policial y muchos otros policías a quienes conoce hicieron su trabajo ese día. “Hay consecuencias de eso”, afirmó. “No puedo entender por qué él simplemente no renuncia”.
Sin embargo, las vivencias entre ambos también afectan a Rizo. En el texto que le envió a Arredondo días después del tiroteo, le dijo: “Por favor, sé fuerte y paciente”.
Arredondo respondió: “Es bueno escuchar de ti, hermano. Gracias y por favor sigue rezando por los bebés”. No se han vuelto a comunicar desde entonces.
