COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Los grupos internacionales de derechos humanos instan al nuevo presidente de Sri Lanka a ordenar de inmediato a las fuerzas de seguridad que cesen el uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes que llevan meses protestando contra el gobierno por el colapso económico del país.
Un día después de que el presidente, Ranil Wickremesinghe, jurase su cargo el jueves, cientos de soldados armados allanaron un campamento de protesta frente a las oficinas presidenciales en la madrugada del viernes, atacando a los inconformes con bastones en una acción que, según Human Rights Watch, “envía el peligroso mensaje al pueblo de Sri Lanka de que el nuevo gobierno tienen intención de actuar mediante la fuerza bruta en lugar de con el estado de derecho”.
Dos reporteros y dos abogados fueron agredidos también por los soldados durante el operativo. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 11 personas, incluyendo manifestantes y abogados.
“Las medidas urgentes necesarias para abordar las necesidades económicas de los esrilanqueses exigen un gobierno que respete los derechos fundamentales", señaló Meenakshi Ganguly, directora de HRW para el sur de Asia, en un comunicado el sábado.
“Los socios internacionales de Sri Lanka deberían enviar el mensaje alto y claro de que no pueden respaldar a un gobierno que pisotea los derechos de su pueblo", agregó.
En otra condena al ataque, Amnistía Internacional apuntó que “es vergonzoso que el nuevo gobierno haya recurrido a tácticas tan violentas horas después de llegar al poder".
“Los manifestantes tienen derecho a protestar de forma pacífica. El uso excesivo de la fuerza, la intimidación y las detenciones ilegales parecen ser un patrón que se repite sin cesar en la respuesta de las autoridades de Sri Lanka a la disidencia y a las reuniones pacíficas", indicó Kyle Ward, vicesecretaria general del grupo.
Wickremesinghe, que ya había fungido como primer ministro en seis ocasiones, asumió la presidencia una semana después de que su predecesor, Gotabaya Rajapaksa, huyese del país luego de que los manifestantes irrumpieron en su residencia. Rajapaksa renunció más tarde, durante su exilio en Singapur.
La población tomó las calles hace meses para exigir la renuncia de sus líderes por una crisis económica que ha dejado a los 22 millones de habitantes de la nación insular desprovistos de productos básicos como medicamentos, comida y combustible. Aunque los manifestantes se han centrado en la dinastía política de los Rajapaksa, Wickremesinghe también ha despertado su ira al ser considerado el sucesor de Rajapaksa.
Antes del amanecer del viernes, efectivos del ejército y de la policía llegaron en camiones y autobuses al campamento levantado por los inconformes cerca del palacio presidencial en la capital, Colombo, onde los inconformes llevaban más de 100 días. Retiraron las tiendas de campaña y bloquearon las calles de acceso al lugar.
La redada se llevó a cabo a pesar de que los manifestantes habían anunciado que abandonarían el sirio el viernes de forma voluntaria.
La oposición de Sri Lanka, Naciones Unidas y Estados Unidos han denunciado las duras tácticas del gobierno.
A pesar del fuerte dispositivo de seguridad en torno a la oficina presidencial, los manifestantes han prometido seguir adelante con su protesta hasta que Wickremesinghe renuncie.
Wickremesinghe fue elegido por los legisladores esta semana, al parecer por considerarlo una opción segura para sacar al país de la crisis aunque él también era balnco de las protestas. El viernes, nombró primer ministro a un aliado de Rajapaksa, Dinesh Gunawardena, de 73 años y que también pertenece a una familia con una destacada trayectoria política.
El lunes, cuando era presidente interino, Wickremesinghe declaró un estado de emergencia que le dio una amplia autoridad para cambiar o suspender leyes y concede a las autoridades amplios poderes para registrar locales y realizar detenciones. En la madrugada del viernes, horas después de su investidura, emitió un aviso de estado de emergencia por el cual pedía a las fuerzas armadas que mantuviesen el orden en toda la nación, allanando el camino al desalojo de la protesta.
Los manifestantes acusan a Rajapaksa y a su poderosa familia de desviar dinero de las arcas estatales y de acelerar el colapso del país con su mala gestión económica. La familia ha negado las acusaciones de corrupción, pero el expresidente reconoció que algunas de sus políticas contribuyeron a la crisis.
El caos político ha amenazado con complicar el rescate del Fondo Monetario Internacional. Pero a principios de semana Wickremesinghe dijo que las negociaciones con el FMI estaban cerca de concluir y que las conversaciones sobre ayuda de otros países también habían avanzado.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo a la revista financiera japonesa Nikkei Asia esta semana que la entidad espera alcanzar un acuerdo “lo antes posible”.
