SANTIAGO (AP) — El gobierno de Gabriel Boric lanzó el martes una estrategia de Integridad Pública pro transparencia y anticorrupción en el seno de los organismos públicos del país que busca contar “con instituciones confiables y sólidas” en medio de la crisis institucional que sacude desde hace años a la sociedad chilena.
El lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, a cargo del ministro de la Secretario General de la Presidencia (SEGPRES), y el exlíder estudiantil Giorgio Jackson recibió el apoyo de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, así como del Fiscal Nacional, el Comandante Jefe de la Armada y el General Director de Carabineros, entre otros. Todas esas han sido instituciones muy cuestionadas por los chilenos en los últimos años. También estuvieron presentes varios ministros del gobierno de Boric.
La nueva estrategia, que se articulará en torno a cinco ejes —Transparencia, Recursos Públicos, Función Pública, Política y Sector Privado— tiene el objetivo de instaurar una “cultura de probidad y transparencia” que permita “recomponer las confianzas y fortalecer” la democracia, según un comunicado de la Segpres.
Boric la destacó como prioritaria en su cuenta pública. “Es esencial el combate contra la corrupción. Eso significa dar la pelea para la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, señaló el mandatario en un video en la presentación afirmando que se debe cambiar la actual cultura reactiva por una más anticipativa “para que la confianza no se siga deteriorando”, de forma que “la transparencia y la participación ciudadana permeen a toda la Administración Pública”.
Durante la presentación, Jackson respondió preguntas de la prensa sobre el uso de fondos públicos para la campaña a favor del Apruebo de una nueva Constitución para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Esto se da en medio de acusaciones públicas al gobierno, especialmente de los partidarios del rechazo, de ser favorable a esta postura a pesar de que se ha indicado a funcionarios del Estado no pronunciarse al respecto.
