SAN SALVADOR (AP) — El arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas, declaró el domingo que la mayoría de los salvadoreños apoyan el estado de excepción porque quieren que se termine la violencia criminal generada por las pandillas.
“Las personas no quieren que vuelva la situación de violencia. Quisieran que las cosas no sólo se mantengan, sino que avancen para que termine la violencia”, dijo el prelado en conferencia de prensa luego de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto hace tiempo en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción, el cual limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
El estado de excepción se extendió por última vez el 19 de julio y, según las autoridades de seguridad pública, lo seguirán prologando hasta que se termine la violencia de las pandillas, a las que también se les llama maras.
Escobar Alas dijo que los pobladores a los que ha escuchado esperan que se mantenga la lucha contra la violencia de las pandillas, pero señaló que “la gente tiene mucho miedo de volver a la situación de antes; hoy que han comenzado a vivir sin ese flagelo, por lo menos disminuido”.
Al ser consultado sobre la presencia de militares en las unidades del transporte público, que algunos han llamado “militarización del transporte”, el arzobispo dijo que las personas pobres que hacen uso de este servicio están contentas porque les ofrece seguridad.
Escobar Alas dijo haber escuchado las quejas de familiares de personas capturadas durante el estado de excepción, y que alegan son inocentes, y pidió a las autoridades que busquen una forma en la que se continúe haciendo justicia, pero se trate de evitar en cuanto sea posible estos “márgenes de error o como se le quiera llamar”.
Exhortó al sistema judicial a comprobar lo más rápido posible la inocencia de los detenidos para ponerlos en libertad, y recordó que el arzobispado cuenta con el organismo de Tutela de los Derechos Humanos, que está escuchando y orientando a los familiares.
