BEIRUT (AP) — Pasaron dos años desde que su hija Alexandra, de tres años, falleció en una enorme explosión en el puerto de Beirut y Paul Naggear perdió toda esperanza de que se haga justicia y de que haya cambios en el Líbano.
La investigación de una de las peores explosiones no nucleares de la historia ha sido bloqueada por poderosos sectores políticos. Muchos atribuyen la tragedia a una historia de corrupción e ineptitud del gobierno, pero el control que ejercen las elites hace que los funcionarios resulten intocables. De hecho, algunos de los imputados en la investigación son legisladores que fueron reelegidos este año.
Los desvencijados silos del puerto se están quemando desde hace semanas, en un incendio provocado por los cereales que todavía hay allí y que se están fermentando, y las autoridades parecen haber renunciado a apagar las llamas. Una sección de los silos se derrumbó el domingo y provocó una enorme nube de polvo.
“Pasaron dos años y no se hizo nada”, se lamentó Naggear, aludiendo al desastre del 4 de agosto del 2020, cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio, un material muy explosivo usado en fertilizantes, detonaron en el puerto. “Es como si mi hija hubiese sido atropellada por un auto”.
La explosión causó una ola de presión que destruyó todo lo que encontró en su camino en un amplio radio. La esposa de Naggear, Tracy Awad, y la pequeña Alexandra estaban en su departamento, en la zona portuaria, cuando el estallido destruyó vidrios, muebles y paredes. Naggear, su esposa y la niña fueron alcanzados por pedazos de vidrio y otros escombros que salieron volando, sufriendo cortes y otras lesiones. Las de Alexandra, o Lexou, como le decían, fueron graves y la niña falleció en un hospital.
Fue la segunda víctima más joven de la explosión, que mató a por lo menos 215 personas y dejó más de 6.000 heridos.
Posteriormente se supo que el nitrato de amonio había llegado al Líbano en el 2013 y había permanecido almacenado en el puerto sin que se tomasen las medidas necesarias. Eso lo sabían altos funcionarios y personal de seguridad, pero no hicieron nada.
Las cúpulas que gobiernan el Líbano desde hace décadas --distintos sectores que se reparten el poder-- cerraron filas y evitaron rendir cuentas.
Tarek Bitar, el juez que encabeza la investigación, acusó a cuatro ex funcionarios del gobierno de asesinato intencional y negligencia, que causaron la muerte de decenas de personas. También imputó a varios funcionarios del aparato de seguridad.
Pero su trabajo está estancado desde hace ocho meses, a la espera de un fallo de un Tribunal de Casaciones al que recurrieron tres ex ministros. El tribunal no puede pronunciarse mientras no se llenen varias vacantes motivadas por el retiro de jueces. Las personas que designó el ministro de justicia para cubrir esos puestos no han sido aprobadas todavía por el ministro de economía, quien es un aliado del presidente del Parlamento Nabih Berri.
Funcionarios judiciales al tanto de la investigación dijeron a la Associated Press que la pesquisa está bastante avanzada, lista para resolver varios interrogantes clave: Quién era el propietario del nitrato, cómo entró al puerto y cómo se produjo la explosión.
Hablaron a condición de no ser identificados porque no estaban autorizados a hacer comentarios sobre una investigación en marcha.
Bitar es el segundo juez que se hace cargo del caso. El primero fue apartado luego de que dos ministros se quejasen de su gestión. Si sucede lo mismo con Bitar, seguramente sería un golpe fatal para la investigación.
La falta de justicia aumenta el dolor de los parientes y amigos de las víctimas de la explosión, que se sienten abandonados no solo por el gobierno sino también por la apatía del público.
Después de la explosión hubo grandes manifestaciones de protesta y pedidos de justicia. Se pensó que por una vez la clase política libanesa tendría que rendir cuentas.
Pero el fervor de la gente se fue diluyendo a medida que el Líbano se hundía en una crisis y la economía se derrumbaba. El año pasado, por otro lado, estallaron enfrentamientos armados entre partidarios de Hezbolá que criticaban a Bitar y miembros de una facción cristiana, generando el temor de que la investigación pudiese dar paso a un conflicto más grande.
Ahora solo un puñado de personas se presentan a las manifestaciones de protesta organizadas por las familias de las víctimas.
Para Muhieddine Ladkani, cuyo padre, Mohammed, murió en la explosión, el tiempo se detuvo.
Cuando se produjo el estallido, su padre hizo que la familia se fuese a la entrada del departamento. Pensó que allí estarían a salvo dado que no había vidrios. Pero la explosión destrozó la puerta principal y derribó un armario que cayó encima del padre de Ladkani. Estuvo en coma durante un mes con una hemorragia cerebral. Falleció 31 días después del estallido.
Ladkani, un estudiante de derecho de 29 años, dijo que su familia todavía no puede hablar de lo sucedido.
“No podemos recordar ese día, no nos reunimos como familia”, expresó. “Mis hermanos y tíos tienen fotos de mi padre en los perfiles de sus teléfonos. Yo no. Cada vez que pienso en mi padre, me vengo abajo”.
“No puedo creer que ya no está, no puedo aceptarlo”, agregó.
Sostuvo que quienes votaron por los políticos imputados en la tragedia son cómplices en la muerte de su padre.
“La tinta en los dedos de quienes votaron por ellos no es tinta, es sangre de las víctimas”, afirmó Ladkani.
Uno de los políticos imputados que fueron reelegidos, el ex ministro de obras públicas Ghazi Zeiter, dijo a la AP que tenía derecho a postularse al Parlamento porque no había sido condenado por nada. Acotó que Bitar no tiene derecho a acusarlo porque hay un tribunal especial para legisladores y ministros que lidia con sus casos.
Naggear dice que está perdiendo toda esperanza de que se haga justicia.
Él y su esposa, quien tiene doble nacionalidad, libanesa y canadiense, pensaron irse del país después de la explosión. Pero las grandes protestas que hubo les hicieron pensar que podría haber cambios.
Tras las elecciones parlamentarias de este año, sin embargo, nuevamente consideran la posibilidad de irse.
Mientras tanto, siguen buscando justicia. Se presentaron a una reciente manifestación con su hijito Axel, de cuatro meses.
“Quieren que nos olvidemos de todo. Pero no lo haremos, por ella (Alexandra), hasta que salga a la luz la verdad y se haga justicia”, manifestó Naggear.
Los Naggear repararon su departamento, pero no se quedan allí porque no lo consideran seguro.
Las llamas en los silos aumentan la sensación de inseguridad. Un sector se derrumbó el domingo y los expertos dicen que otras partes podrían correr la misma suerte. Al caer el sol, las llamas anaranjadas iluminan la noche, en una imagen que produce escalofríos.
