MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
"Filipinas no tiene intención de sumarse ahora a la corte", ha dicho durante una entrevista. El país dejó de formar parte del tribunal el 17 de marzo de 2019, un año después de que Duterte anunciara su retirada y después de que la entonces fiscal del TPI Fatou Bensouda abriera una pesquisa contra la brutal campaña contra las drogas.
Ahora, los asesores del actual jefe de Estado están abordando cómo responder legalmente a las investigaciones sobre la guerra contra las drogas. "Tenemos que estudiar con cuidado este procedimiento para poder hacer lo correcto porque se pueden mal interpretar las cosas", ha aseverado.
Los datos del Gobierno filipino señalan que al menos 6.252 personas han muerto en operaciones policiales contra las drogas entre julio de 2016 y mayo de 2022, si bien varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sitúan en unos 30.000 los muertos.
La investigación no se verá afectada dado que, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, los procedimientos que se inicien antes de la salida de un país seguirán en vigor una vez se efectúe la retirada.
Sin embargo, el propio Duterte pidió en el pasado a las fuerzas de seguridad que no colaboren con ninguna investigación internacional. El TPI solo puede intervenir en un país miembro cuando considera que el Gobierno no lleva a cabo las investigaciones pertinentes sobre presuntos crímenes cometidos en su territorio.
