SAN SALVADOR (AP) — Una organización humanitaria denunció el miércoles una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños en los primeros 100 días del régimen de excepción aprobado por el Congreso para combatir la alarmante de violencia de las pandillas.
Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanaos de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA), durante ese periodo 59 personas privadas de la libertad murieron cuando estaban bajo el resguardo de las autoridades.
También destacó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 231 denuncias por desaparición realizadas por familiares que no tienen conocimiento de dónde se encuentran las personas detenidas.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele por implementar el régimen de excepción y afirmó que hay una “criminalización de la juventud y de los pobres”.
Después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en varios años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El estado de excepción se extendió por última vez el 19 de julio y, según las autoridades de seguridad pública, se seguirá prolongando hasta que termine la violencia de las pandillas, también conocidas como maras.
Familiares de detenidos entregaron recientemente al gobierno un documento con los nombres de sus parientes que, aseguran, fueron arrestados arbitrariamente bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con las pandillas pero aún no han recibido respuesta.
Desde que se decretó el régimen de excepción las autoridades han arrestado a más de 49.000 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o ser colaboradoras de las pandillas.
Serrano afirmó que la mayoría de los detenidos son menores de 30 años, que viven en la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y “son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos del Ejecutivo”.
Agregó que mientras la violencia de las pandillas no se aborde como un problema social "cualquier mega cárcel o régimen de excepción no va a terminar con este problema” y que la aplicación del régimen de excepción refleja es la incapacidad del gobierno para combatir a la delincuencia en el marco del Estado de derecho.
