CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco ordenó al Ministerio Público investigar formalmente al periodista José Rubén Zamora, presidente del El Periódico, un diario especializado en temas anticorrupción, por presutos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
La detención de Zamora hace más de una semana generó el repudio de una parte de la sociedad guatemalteca que pidió su libertad, así como de organismos internacionales de prensa que señalaron una criminalización al periodista por su trabajo investigativo y temor por la labor periodística en el país centroamericano.
Zamora ha sido crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el medio a su cargo ha investigado supuestos actos de corrupción de la actual administración, los que no han sido investigados por la Fiscalía.
El juez Fredy Orellana dijo durante una audiencia que Zamora podría ser responsable de la acusación que le hace la Fiscalía luego de una denuncia presentada por Ronald García Navarijo, un procesado por corrupción, que asegura que el periodista le pidió lavar una suma de dinero que le entregó y que el denunciante a su vez hizo llegar al ente de investigación.
En audios, varios de ellos casi inaudibles, que presentó la Fiscalía, el denunciante ofrece a Zamora entregarle un cheque a cambio del efectivo. La Fiscalía dice que el denunciante dijo que el dinero era producto de chantajes que el periodista realizaba. La institución de investigación no presentó a los supuestos chantajeados, solamente los audios, testimonio del denunciante y un mensajero y el dinero en efectivo.
Previamente, Zamora denunció que el caso en su contra es un montaje del actual presidente y de la Fiscalía General.
Orellana también ligó a proceso y ordenó investigar a la auxiliar fiscal Samari Gómez, a quién le señalan de haber entregado información reservada a Zamora del caso que conocía contra García Navarijo. Gómez dijo que no conoce a Zamora. La Fiscalía basó su acusación en la denuncia de Navarijo contra la auxiliar fiscal.
La fiscalía allanó la casa de periodista durante nueve horas y las oficinas de El Periódico durante 16 horas el 29 de julio buscando supuestas evidencias. Le incautaron dos teléfonos celulares e impidieron el trabajo de personal que trabajaba en la impresión del medio. El juez aún no decide si los señalados deberán esperar en prisión el avance del proceso.
