El diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo del país y que permanece ocupado por la policía desde hace un año, denunció este lunes que operadores del gobierno de Daniel Ortega están retirando equipos y maquinarias de sus instalaciones, donde además se realizan “obras de construcción”.
Te puede interesar: ¿Por qué el gobierno de Nicaragua ataca a la Iglesia católica?
“El régimen Ortega Murillo intenta poner fin a 96 años de historia del decano del periodismo nacional, desmantelando el plantel que lo albergaba”, señaló un artículo publicado en el rotativo, que sólo circula de manera digital desde su cierre y ocupación policial el 13 de agosto de 2021. “¿En qué se convertirán sus instalaciones?”, se preguntó.
Consultado por The Associated Press, el editor jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, dijo que en los últimos días empleados del gobierno han entrado a las instalaciones del diario y han sacado maquinarias, según observaron testigos que pasaron frente al edificio, situado en el sector norte de la capital, Managua.
Enríquez desconoce cuántos equipos o máquinas han sido sustraídos de la sede del diario, en la que solamente permanecen policías fuertemente armados. También recibieron reportes de supuestas remodelaciones en el plantel que alberga al diario y a la imprenta de La Prensa, la más moderna y mejor equipada del país.
Entérate: Agresiones contra la prensa se incrementaron más del 50% durante gobierno de AMLO
“No nos extraña que concreten este robo de las instalaciones y los equipos”, expresó Enríquez. Dijo que lo mismo ocurrió con otros medios independientes, como la publicación Confidencial y el canal 100% Noticias, cuyos inmuebles fueron ocupados por la policía en 2018 y adjudicados posteriormente a entidades del gobierno.
“Y yo le llamo robo, ni siquiera confiscación, porque la confiscación está prohibida en la Constitución”, agregó el periodista. Según el artículo 44 de la Carta Magna de Nicaragua, el Estado garantiza la propiedad privada y no permite las expropiaciones.
La AP intentó obtener una confirmación del gobierno sobre el tema, pero la solicitud no fue respondida de inmediato.
Enríquez recordó que hace un mes toda la redacción de La Prensa fue obligada a abandonar Nicaragua por persecución policial y allanamientos a viviendas de los últimos periodistas y fotógrafos del diario que quedaban en el país.
Te recomendamos: A 4 años de su gobierno, ¿por qué AMLO aún responsabiliza a administraciones anteriores?
Según la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), al menos 150 comunicadores se han exiliado por presiones o amenazas desde 2018. Otros seis periodistas están presos desde hace más de un año, incluyendo el gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Hollman, y el exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora.
A juicio de Enríquez, el gobierno arreció en las últimas semanas sus presiones sobre la prensa independiente y la Iglesia católica, dos de pocos sectores críticos que aún subsisten en Nicaragua, tras el encarcelamiento de líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, empresarios y activistas.
Al menos tres canales de televisión y nueve radioemisoras, la mayoría de ellas vinculadas a la Iglesia católica, fueron cerradas en el último mes. Más de mil ONG fueron clausuradas este año por decisión del Ejecutivo.
Los sandinistas “han acabado no solo con la oposición, sino con toda entidad que pueda emitir un pensamiento independiente”, dijo el editor jefe de La Prensa.
También puedes leer: Inflación expulsa a 25% de alumnos de escuelas privadas en México
Enríquez consideró que las expresiones de la oposición en las redes sociales son apenas “un desahogo de uno que otro ciudadano, desde el anonimato… han impuesto un régimen de terror”.
Con respecto a La Prensa, dijo que sus periodistas se han reorganizado en el exilio, desde donde seguirán trabajando. “No han podido silenciarnos”, subrayó.
Nicaragua vive una grave crisis política desde que el gobierno reprimió con fuerza una revuelta social en abril de 2018 y provocó 355 muertos, más de dos mil heridos y al menos 100 mil exiliados, según organismos de derechos humanos. La oposición por su parte, asegura que hay unos 190 “presos políticos” en distintos penales del país.
