CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Cuando fiscales allanaron en enero la casa de David Coronado Pérez, en la comunidad guatemalteca de Comitancillo, cerca de la frontera con México, las autoridades encontraron cerca de 400.000 quetzales en monedas (unos 51.000 dólares), casi un centenar de máquinas tragamonedas y varios vehículos último modelo, algunos comprados en efectivo.
Detenido junto con nueve personas, Coronado es señalado de liderar una estructura de traficantes de personas, o “coyotes”. En la operación de detención, las autoridades también incautaron más de millón y medio de quetzales (cerca de 200.000 dólares) en efectivo, producto todo del supuesto pago de migrantes a la organización para que los llevaran ilegalmente hacia Estados Unidos.
Los migrantes guatemaltecos pueden pagar hasta 15.000 dólares por persona para llegar a territorio estadounidense, según investigaciones de las autoridades locales que ahora buscan rastrear lo que hacen los traficantes con el dinero que reciben para entender mejor las estructuras criminales que se estima reciben cientos de miles de dólares al año.
Las autoridades ubicaron a Coronado, quien sigue preso y niega ser traficante, después de que su estructura supuestamente ayudó a traficar a 15 guatemaltecos en enero de 2021. Los migrantes, sin embargo, sólo llegaron hasta el estado mexicano norteño de Tamaulipas, en la frontera con Texas, donde fueron asesinados junto con otras cuatro personas, al parecer por policías mexicanos. Uno de los fallecidos fue identificado como el hijo de Coronado, quien supuestamente era el guía de los migrantes.
El responsable de la investigación en Guatemala que ubicó la participación de Coronado y quien ha comenzado a dar luz sobre las finanzas de los “coyotes” guatemaltecos es Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía para delitos contra migrantes.
En noviembre pasado, la oficina de Campo y la policía desarticularon otra estructura de trafico de personas a Estados Unidos, en Nahualá, en el occidente de Guatemala y una de las zonas indígenas más pobres del país. Al grupo se le decomisaron unos dos millones de quetzales (más de 250.000 dólares) en efectivo.
El grupo ya era investigado y en algún momento las autoridades también conocieron de la detención en Estados Unidos.
El migrante fue detenido por la Patrulla Fronteriza estadounidense y, en paralelo, los traficantes intentaron extorsionar a la familia: les dijeron que había muerto y exigieron más para recuperar su cuerpo. Más tarde, el hombre fue deportado.
Y los traficantes siempre ven cómo aprovechar lo que reciben. “No sólo se compraban vehículos de último modelo, también un bus donde traficaban a las personas”, dijo, el fiscal Campo sobre lo que hacían los ”coyotes" del grupo de Nahualá con el dinero obtenido.
“Cuando compran vehículos nuevos lo hacen en efectivo”, añadió. Por ley, un vendedor de autos está obligado a reportar la transacción al banco, quien a su vez debe notificar a las autoridades y así es como se inician algunas investigaciones.
En diciembre, 55 migrantes —incluidos 40 guatemaltecos— murieron cuando un tráiler se estrelló en el estado de Chiapas, en el sur de México, en una muestra de la escala que puede alcanzar el tráfico de migrantes. Hasta el momento no han habido detenidos, pero la oficina de Campo mantiene abierta una investigación.
Una de las indagatorias abiertas recientemente por la Fiscalía de Campo está relacionada con una tragedia en junio, cuando traficantes abandonaron un tráiler a las afueras de San Antonio, Texas, bajo el sofocante calor del desierto. En total 53 migrantes murieron, incluidos 21 guatemaltecos.
En febrero, semanas después de la detención de Coronado y su grupo, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Migración del país endureciendo las penas de prisión para los traficantes de migrantes, elevándolas de seis a ocho años a entre 10 y 30 años de prisión.
La reforma tenía la intención de disuadir a los contrabandistas y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien tiene una relación tensa por acusaciones de corrupción con el gobierno estadounidense de Joe Biden, podría usarla para mostrarse como un socio de las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el tráfico de migrantes.
Los críticos dijeron en ese momento que el aumento de las sentencias de prisión significa poco si los responsables rara vez llegan a juicio.
A principios de agosto, el equipo de Campos salió de nuevo al terreno y golpeó a otra red de traficantes.
Policías y fiscales allanaron una fina en el norte de Guatemala, cerca de la frontera con México. Apoyados con helicópteros, los agentes hicieron un inventario de vehículos de último modelo (incluidos dos jeep), armas, una piscina y establos, donde encontraron un caballo pura sangre, llamado Picasso y valorado en unos 100.000 dólares.
Felipe Diego Alonzo, de 38 años y presunto cabecilla de la estructura, fue arrestado en el lugar, aunque aseguró que sus posesiones eran producto de cultivar cebollas y de vender a veces autos. En este caso también fue la muerte de una migrante lo que atrajo la atención de los investigadores y la oficina de Campos recibió el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La víctima era Marta Raymundo Corio, localizada muerta cerca de Odessa, Texas, a principios de 2021. La migrante fue traficada supuestamente por la red de Alonzo. Campo dijo que la mujer murió en un almacén en Texas debido a la falta de alimentos y agua, tras un viaje agotador. Familiares pidieron ayuda a las autoridades para determinar qué le pasó.
Alonzo y otros tres miembros de la organización fueron detenidos y esperan que concluya el proceso para ser extraditados a Texas, donde serán juzgados por la muerte de Corio.
Las estructuras de contrabando a menudo utilizan redes de familiares o socios cercanos con cuentas bancarias para canalizar los pagos de los migrantes. Al igual que muchas actividades ilícitas, invierten sus ganancias en negocios ubicados en los rincones más oscuros de la economía que operan principalmente con dinero en efectivo, más difícil de rastrear: burdeles, juegos de azar, bares o realizan préstamos.
Las compras grandes en efectivo para cosas como autos nuevos también son comunes, dijo Campo.
“La mayoría de estas estructuras lavan dinero”, dijo Campo.
César Calderón, abogado de los Coronado dice que sus defendidos son inocentes de los cargos y que los negocios que tienen de maquinas tragamonedas no son ilícitos, pues tienen sus licencias de comercio. También asegura que su cliente es un agricultor, comerciante y víctima, porque su hijo estaba entre los asesinados en Tamaulipas, México.
Pero frente a una corte guatemalteca, a principios de este año, Campo dijo que la tragedia no detuvo el negocio de Coronado.
“Se documentó después de este hecho que traficaron dos grupos más que incluían a tres menores de edad”, dijo el fiscal.
