LA HABANA (AP) — Primero le fue imposible conseguir combustible y semillas y luego su nombre no estaba en la lista de la empresa que arrienda tractores a pequeños campesinos. Para cuando sea su turno, es probable que las lluvias le impidan trabajar la tierra.
En su finca ubicada en las afueras de La Habana, Lázaro Sánchez está preocupado por la próxima cosecha mientras en las ciudades sus compatriotas padecen el desabastecimiento y los aumentos de precios.
Cuba aprobó hace un año 63 medidas para impulsar al sector agropecuario que dieron más flexibilidad a los campesinos para que decidan qué sembrar y a quién venderle, al tiempo que mejoraron los precios que el Estado fija por las cosechas.
Sánchez ahora puede comercializar sus hortalizas adonde desee e incluso instalar un puesto, algo limitado hasta el año pasado, y también se beneficia de los descuentos en las facturas de luz y agua.
Sin embargo, los campesinos aseguran que las iniciativas no son suficientes para darle un empujón a la producción agrícola y se quejan de la falta de insumos como herbicidas, fertilizantes, alambres y herramientas que deben comprar al Estado, que a su vez las importa.
La ausencia de frutas en un país tropical o de carne de cerdo -básica en la dieta cubana- se hizo más notoria tras la paralización provocada por la pandemia de COVID-19 y el incremento de las sanciones de Estados Unidos.
“Desgraciadamente nos vamos a ver afectados en tres o cuatro meses, la comida que teníamos que estar sembrando no la vamos a tener”, dijo a The Associated Press, Sánchez, de 56 años.
Sánchez trabaja con su hermano una finca de 26 hectáreas en la que habitualmente siembran cultivos de ciclo corto como malanga, calabaza, maíz y plátanos y crían ganado menor.
Cuba gasta unos 2.000 millones de dólares anuales en la importación de alimentos de los cuales, según las autoridades, unos 800 millones podrían ahorrarse si se lograra echar a andar al campo, una cifra importante para la economía de una isla pequeña.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo en 2021 se reportó una producción de 2,1 millones de toneladas de viandas -tubérculos que se cocinan como la malanga-, casi lo mismo que en 2020 pero lejos de los 2,8 millones de toneladas de 2017. También 1,7 millones de toneladas de hortalizas contra 1,6 millones de 2020 y 2,4 millones de 2017.
Hubo disminución o estancamiento en las cantidades obtenidas de arroz, maíz, frijoles, tabaco y cítricos así como en la producción de leche y ganado vacuno y porcino.
La baja en la oferta tuvo su consecuente efecto en los precios.
Una libra de carne de cerdo que se pagaba el año pasado 100 pesos cubanos (4,10 dólares al cambio oficial) hoy cuesta 300 (12,50 dólares) y un aguacate de 20 pesos (0,80 dólares) pasó a 60 (2,50 dólares), mientras el salario promedio se ubica en los 4.000 pesos (160 dólares).
Las 63 medidas dispusieron un incremento del precio que el Estado paga a los campesinos -que tienen la obligación de entregar cierto porcentaje de su producción a los programas sociales o la canasta básica universal que recibe cada ciudadano- y mejoras en las tarifas de servicios.
Además se redujo el precio de los herbicidas, se liberó la comercialización de los productos y se permitió a los productores vender en puestos o a los hoteles en dólares. También se cancelaron muchas deudas que el Estado tenía con los campesinos.
Las autoridades aseguran que las medidas van por el camino correcto.
“Las 63 medidas sí han tenido un impacto favorable”, comentó a AP Armando Miralles, director de Organización e Información del Ministerio de la Agricultura, para quien el logro no está en superar los parámetros de 2017 sino en cómo los agricultores fueron capaces de producir pese a la estrechez económica y la migración de fuerza de trabajo del campo a las ciudades.
Pero para los expertos la baja productividad no es consecuencia sólo de la falta de insumos y de mano de obra, como alega Miralles.
“Antes del 90 Cuba tuvo todos los recursos (apoyada por la entonces Unión Soviética) y los resultados fueron malos”, comentó a AP Ricardo Torres, economista cubano e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, en Washington.
Para el experto la explicación de esta ineficiencia es más compleja e involucra varios factores, como la forma en que se estableció la propiedad de la tierra -que está en manos del Estado y es dada en usufructo a los campesinos-, la fuerte centralización política y una notable descapitalización de la infraestructura.
Un reporte del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia en 2021 indicó que de 6,4 millones de hectáreas de tierra agrícola en Cuba 49% está sin cultivar.
“Cuando se lanzaron las 63 medidas, en ese momento fue un logro”, dijo a AP Misael Ponce, dueño de una finca de 120 hectáreas dedicada a la ganadería y quien instaló una pequeña industria para fabricar quesos y yogures que vende a los hoteles, algo permitido a partir de ese paquete de iniciativas.
Pero a los ingresos que obtuvo se los comió la inflación. El Estado incrementó por tres el precio de compra de la leche pero el de los insumos creció por ocho. “Es algo que hay que revisar bastante rápido”, dijo Ponce.
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Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP
