SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado de El Salvador ordenó el jueves que siete personas, entre ellas exempleados de la Casa Presidencial y del Estado Mayor Presidencial, sean procesadas por participar en una red de corrupción ligada al gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares.
La acusación del Ministerio Público también incluye a Sánchez Cerén; al exsecretario privado del exmandatario, Manuel Melgar; a Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial; a Carlos Ernesto Guerrero, exjefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), y a Daysi Armida Díaz Álvarez, extesorera institucional de la Presidencia.
Pero en la audiencia inicial sólo se dio a conocer el caso de cuatro personas que fueron detenidas el 18 de agosto y tres exempleados de la Casa Presidencial que estaban bajo arresto domiciliar, procesados en casos de corrupción que involucran al expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía asegura que los imputados habrían lavado 183,8 millones de dólares del presupuesto de gastos reservados de la presidencia durante el mandato de Sánchez Cerén. También habrían desviado 3,9 millones de dólares de fondos donados por el gobierno de Taiwán.
En agosto de 2020 el gobierno de Sánchez Cerén (2014-2019) anunció que El Salvador rompía relaciones con Taiwán e inmediatamente las estableció con China.
El principal acusado es Sánchez Cerén, pero el juzgado decidió que, debido a su ausencia, su situación jurídica se resolverá en los próximos días.
En junio de 2021 un juez decretó la detención provisional de 10 exfuncionarios del gobierno de Funes, entre ellos Sánchez Cerén, para que fueran procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero este último ya se había refugiado en Nicaragua.
Un día después de que el juez emitiera una orden de búsqueda y captura internacional contra Sánchez Cerén, el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense. También fueron nacionalizados su esposa, su hija y su nieto.
Por su parte, Funes solicitó asilo político en Nicaragua y le fue concedido.
Esa acusación contra Sánchez Cerén es en su carácter de vicepresidente del gobierno de Funes, en el que también fue ministro de Educación y, según la Unidad de Lavado de Dinero y Activos del Ministerio Público, recibió fondos ilícitos por un total de 530.000 dólares.
Según la acusación, la extesorera Díaz Alvarez habría firmado 193 cheques de cuentas institucionales y transferido esos fondos a seis cuentas particulares, que a su vez fueron enviados a otra cuenta, lo que permitió a los imputados disponer libremente de ese dinero.
En la investigación se afirma que 155 millones de dólares fueron retirados en efectivo y el resto fue destinado al pago de supuestos proveedores que no tendrían ninguna relación con la presidencia.
