MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El pasado 12 de agosto el Congreso de EE.UU. aprobó una normativa clave en materia de impuestos, clima y salud, con una dotación de 433.000 millones de dólares (433.644 millones de euros al cambio actual).
Esta iniciativa contempla ayudas de 7.500 dólares (7.511,2 euros) por vehículo para la compra de nuevos modelos eléctricos, mientras que los incentivos a la adquisición de eléctricos usados ascienden a 4.000 dólares (4.005,95 euros).
Sin embargo, se incluyen ciertas restricciones como que los nuevos vehículos no pueden superar el precio de 55.000 dólares (55.081 euros) en el caso de los turismos y de 80.000 dólares (80.117 euros) en el caso de furgonetas y todoterrenos.
Además, para poder acogerse a las nuevas subvenciones públicas, los vehículos deben fabricarse en Norteamérica y a partir de 2023, los modelos con baterías que tengan componentes chinos no podrían recibir las ayudas.
Por ello, la industria del automóvil surcoreana está considerando una serie de opciones, entre ellas el inicio anticipado de la construcción de plantas de fabricación para adelantar los plazos de producción.
Además, los productores de baterías tienen la intención de ampliar las inversiones en minería y la diversificación de las materias primeras en los países que tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como Australia y Chile.
CRÍTICAS POR PARTE DE LOS FABRICANTES
La Alianza para la Innovación en la Automoción, que representa a los grupos automovilísticos en Estados Unidos, criticó que los requisitos de las desgravaciones fiscales para los vehículos eléctricos harán que la mayoría de los vehículos no puedan acogerse inmediatamente al incentivo.
Actualmente, hay 72 modelos de vehículos eléctricos disponibles para su compra en Estados Unidos, entre los que se encuentran eléctricos puros, híbridos enchufables y de pila de combustible.
El 70% de esos vehículos eléctricos dejaría de ser elegible inmediatamente cuando se apruebe el proyecto de ley y ninguno tendría derecho a la totalidad de las ayudas cuando entren en vigor los requisitos adicionales.
Los fabricantes, en un comunicado, apuntaron que es "una oportunidad perdida" en un momento "crucial" y señalaron que pondrá en peligro el objetivo de alcanzar hasta un 50% de ventas de vehículos eléctricos en 2030.
Pese a todo, la Alianza señaló que se trata de una iniciativa de gran envergadura y el Gobierno tiene "un papel que desempeñar" a la hora de establecer las condiciones adecuadas para el liderazgo y el éxito mundial. Los créditos fiscales para la fabricación y la financiación de subvenciones ayudarán a acelerar la conversión de la base industrial nacional que se está llevando a cabo.
