CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Otra madre que buscaba a su hijo desaparecido ha sido asesinada en el norte de México, convirtiéndose en la tercera víctima de este tipo en el país desde 2001.
Rubén Rocha Moya, gobernador del estado noroccidental de Sinaloa, identificó el miércoles a la mujer como Rosario Rodríguez Barraza.
“Lamento profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos”, escribió el gobernador en sus cuentas de redes sociales.
El motivo de los asesinatos sigue sin estar claro, ya que la mayoría de los voluntarios que buscan restos humanos aseguran públicamente que no pretenden hallar evidencia para condenar a los responsables.
Los equipos voluntarios de búsqueda, usualmente conformados por las madres de los más de 100.000 desaparecidos en el país, dicen que sólo quieren encontrar los restos de sus seres queridos para darles un entierro adecuado.
Un día antes del anuncio del asesinato de Rodríguez Barraza se conmemoró el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto, y por ese motivo hubo marchas y protestas en el país.
En un video publicado por “Hasta Encontrarles”, otro grupo de búsqueda, se escucha a Rodríguez Barraza diciendo: “Yo busco a mi hijo, no busco a culpables”.
Su hijo, Fernando Ramírez Rodríguez, no ha sido visto desde que fue secuestrado en la localidad de La Cruz, Sinaloa, en octubre de 2019. La Cruz se ubica sobre la costa del Pacífico, entre el puerto de Mazatlán y la ciudad de Culiacán, capital del estado.
Sinaloa es la base de operaciones del cártel del narcotráfico del mismo nombre.
Rodríguez Barraza dijo que hombres armados a bordo de un vehículo blanco secuestraron a su hijo, que entonces tenía 21 años. Desde entonces, a pesar de llevar a cabo su propia investigación y de presentar evidencia a la fiscalía, no había recibido ninguna noticia sobre él.
“Traje videos, traje testigos y, hasta la fecha, pues no me han resuelto nada”, dijo al referirse a la fiscalía.
Eso es algo común en México. Ante la falta de acción o incompetencia de las autoridades, muchas madres se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones o unirse a grupos de búsqueda, los cuales, a menudo después de recibir información anónima, cruzan barrancos y campos, clavando varillas de acero en el suelo para detectar el inconfundible hedor de los cuerpos en descomposición.
Se cree que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por cárteles del narcotráfico, quienes se deshacen de los cuerpos en fosas poco profundas, los disuelven en ácido o los queman. Los grupos dedicados al narcotráfico o secuestro suelen usar los mismos sitios una y otra vez, creando fosas comunes.
Los buscadores, y los policías que en ocasiones los acompañan, se concentran en encontrar las fosas e identificar los restos, y no en recabar evidencia sobre cómo murieron o quién los mató. En ocasiones los grupos de búsqueda reciben información anónima sobre el lugar en el que hay cuerpos enterrados, información que posiblemente sólo sabrían los asesinos o sus cómplices.
Pero los voluntarios, en su mayoría mujeres, a menudo relatan que reciben amenazas o son vigiladas, presumiblemente por las mismas personas que asesinaron a sus hijos, hermanos y esposos.
En 2021, en el vecino estado de Sonora, la buscadora Aranza Ramos fue encontrada sin vida un día después de que su grupo de búsqueda localizó una fosa que aún humeaba. Semanas antes, el activista Javier Barajas Piña fue asesinado a disparos en el estado de Guanajuato, el más violento de México.
Los cárteles podrían enojarse simplemente por el inconveniente: después de que los buscadores hallan cuerpos, los narcos se ven obligados a encontrar un nuevo lugar para deshacerse de sus víctimas.
Los grupos de búsqueda, conocidos localmente como colectivos, no se refieren a los restos humanos como cadáveres o cuerpos, sino que los llaman “tesoros” por lo valiosos que son para sus familiares.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades se rehúsan a realizar el lento pero crucial proceso de análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
